Los videos de distintos civiles disparando a manifestantes mientras son escoltados por policías generaron indignación, suscitaron un llamado de atención de la ONU y recordaron el pasado traumático del paramilitarismo, los ejércitos ilegales contrainsurgentes que, con la complicidad del Estado y muchas veces en alianza con el narcotráfico, mataron más personas que cualquier otro grupo armado durante la guerra.

Es más, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, pidió una investigación independiente por esos ataques. “En algunos puntos de la ciudad, algunos individuos privados habrían disparado contra manifestantes en presencia de agentes de la policía”, indicó en un comunicado en el que expresa su preocupación por las muertes en Cali.

“Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley”, aseguró Bachelet.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha pedido una visita al país para verificar la situación de derechos humanos, también expresó su preocupación por la presencia de civiles que disparaban ante la vista de agentes de la fuerza pública. “La CIDH insta al Estado de Colombia a investigar pronta y diligentemente estos hechos y sancionar a los responsables.

Asimismo, hace un llamado urgente al Estado para fortalecer el diálogo entre todas las partes y reitera su disposición para contribuir en este proceso” A un mes del comienzo del paro nacional, el último viernes Cali vivió un día de terror. Al menos 14 personas murieron y 98 resultaron heridas, 54 de ellas por armas de fuego en distintos puntos de la ciudad.

En uno de los casos más graves, un oficial de la policía judicial fuera de servicio disparó y mató a dos manifestantes. Una multitud lo persiguió y apaleó hasta la muerte. Al final del día, el presidente Iván Duque se desplazó hasta la ciudad, ordenó la militarización de Cali y del Valle del Cauca y, más tarde, la de otros siete departamentos.

El mandatario también visitó algunos barrios, entre ellos Ciudad Jardín, el mismo en el que se vio disparar a los grupos de civiles armados, como ya lo habían hecho semanas atrás contra manifestantes indígenas. Durante su visita, varios ciudadanos le dieron las gracias Luego de las críticas de la ONU y la CIDH, la policía ha anunciado que investigarán a 10 agentes y a cinco civiles.

El comandante de la Policía, Jorge Vargas, aseguró que ya identificaron a los uniformados y entregaron la información a la justicia penal militar y la Procuraduría —que investiga a los funcionarios públicos— mientras que los datos sobre los civiles fueron enviados a la Fiscalía. “Se ordenó coordinación a la Fiscalía para identificar y judicializar y para saber si [las armas usadas] son traumáticas o de fuego y cuál es el procedimiento a seguir”, agregó el comandante de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, Fernando Murillo.

“Aún no es claro si estos agentes o los civiles causaron alguna de las muertes ocurridas ese día en Cali. “Estamos esperando información de tres personas lesionadas que estuvieron en la clínica Valle del Lili para ver si corresponde a armas de fuego o de fogueo y poder informar a la Fiscalía sobre particulares que hicieron uso de esas armas”, dijo Murillo a Caracol Radio.

Andrés Escobar, un empresario de mercadeo y uno de los señalados de disparar, apareció en redes sociales para reconocer que fue uno de los hombres que se ve en los videos. Y aunque aseguró que la suya era un arma de fogueo, reveló que existe un grupo de autodefensa ciudadana en el barrio. “Hemos creado un grupo para el beneficio de toda la comuna 22, salimos a defenderla, no con el objetivo de causar daño, sino de que los vándalos se retiraran. La fuerza pública no podía reaccionar”, dijo Escobar.

Los grupos de civiles que rechazan el Paro Nacional, dicen estar ejerciendo el derecho a la defensa de su integridad física y de su propiedad, una línea de pensamiento que, para muchos, recuerda a dos fenómenos íntimamente relacionados: el narcotráfico y el paramilitarismo.

Además, en Cali, estos fenómenos se conjugaron con elementos que explican la situación de caos actual: una informalidad económica que se amortiguó a través de economías ilegales y una diversidad demográfica producto del desplazamiento que se asentó en los barrios marginales de manera desorganizada y a espaldas del resto de la ciudad, donde están las clases medias y altas.

"En Cali se creyó que la estela del narcotráfico solo se quedó en los barrios populares, pero también sigue marcando de manera profunda a las clases altas", explica Lina Buchely, profesora del Instituto Colombiano de Estudios Superiores, en Cali. "Esas prácticas tan ligadas al paramilitarismo, de permisión del uso de armas, de dignificación de la justicia a propia mano o de entender al otro y al pobre como segregado y sin derechos, son prácticas que se insertaron en la cultura de estos barrios como Ciudad Jardín a través del narcotráfico", dice la filósofa y abogada.

Por otro lado, Mafe Carrascal, activista colombiana y promotora del paro nacional, continúa con las denuncias de abuso policial y remarca que “ es momento de dirigir la indignación hacia las urnas ya que es lo que realmente asusta a la política tradicional. Un mes de paro nacional , un mes histórico”, dice la creadora de país primero e ideas por Bogotá. Por último, destaca que la la gente que sale a la calle a protestar “es la generación que tumba ministros, reformas y torneos de fútbol”.