El Sindicato de Empleados Públicos de la provincia de Córdoba (SEP) se reunirá el martes para debatir las nuevas modalidades de la protesta, en rechazo a las medidas de ajuste a las jubilaciones impuesta por el gobernador José Manuel de la Sota, en tanto que una veintena de gremios beneficiarios del sistema previsional provincial también resolverán al respecto.

En tanto, los docentes públicos y privados ya resolvieron realizar una jornada de paro y movilización para este jueves.

Hasta el momento hay unanimidad de los gremios estatales en movilizarse en la mañana de jueves para presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra de la Ley 10.078 que modifica el haber jubilatorio, con el objetivo de reducir el elevado déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba, y sólo resta definir si acompañarán con medidas complementarias como asambleas, abandono de tareas o paro.

El proyecto de ley cuestionado fue presentado personalmente por el gobernador De la Sota en la sesión ordinaria de la noche del 8 de agosto y, en un trámite sumarísimo y sin debate, fue aprobado con el voto del bloque del oficialismo de Unión por Córdoba (UPC).

Los cambios de la nueva legislación deja sin efecto el pago simultáneo de aumentos a los jubilados cuando lo perciben los activos, a partir de ahora los pasivos los incrementos los recibirán seis meses después de los activos, incluso faculta al Poder Ejecutivo a modificar los porcentuales de los aportes de la patronal y del trabajador.

Los gremios coinciden en que los cambios son “recortes salariales encubiertos”, y que “desnaturaliza el 82 por ciento móvil” que tiene rango constitucional, dos de los aspectos principales que atacarán cuando el jueves presenten la acción de inconstitucionalidad.
El plan de lucha comenzó el viernes 10 con paro y movilización, medida que se repitió el miércoles último con la participación de 23 gremios estatales y municipios del interior provincial, oportunidad en que pidieron públicamente al mandatario provincial por la “derogación” de la ley y que se “convoque” a los gremios a debatir propuestas para mejorar el sistema previsional sin que el ajuste pase por los jubilados.
Varios jubilados presentaron recursos de amparo en contra de las modificaciones, de las que dos fueron desestimadas por la Justicia provincial por falta de acreditación de los derechos afectados, aunque sin resolver la cuestión de fondos.
Con la reforma previsional el Gobierno pretende ahorrar unos 200 millones de pesos para ser destinados a bajar el déficit previsional.