La batalla entre el kirchnerismo y el massismo afloró por primera vez en el gabinete municipal de San Martín, con la renuncia de varios funcionarios que rechazaron la alianza del intendente, Gabriel Katopodis, con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa. El segundo estadio de ese enfrentamiento parece haber surgido ayer en el Concejo Deliberante de ese mismo distrito del norte del conurbano. Pero esta vez apunta a los tribunales.

Seis concejales del bloque vecinalista Honestidad y Trabajo, que lidera Daniel Ivoskus, presentaron una denuncia penal contra Katopodis por el delito de "abuso de autoridad", que prevé una pena de un mes a dos años de prisión. Lo acusaron de haber "paralizado" el Concejo Deliberante mediante un decreto, luego de perder la presidencia del cuerpo.

De acuerdo con la denuncia presentada el jueves pasado en la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 9 de San Martín, pero anunciada ayer en conferencia de prensa, Katopodis habría abusado de su autoridad al dictar el decreto 01468/13, el 2 de agosto pasado, que ordenó "suspender preventivamente todo trámite" del HCD hasta que la Suprema Corte bonaerense resolviera dos presentaciones hechas por el propio Katopodis y el ex presidente del órgano legislativo Diego Perrella.

El 10 de julio pasado, luego de que Katopodis anunciara su pase a las filas del massismo, trece concejales pidieron una sesión especial para redefinir las autoridades del cuerpo: la entente incluía a ocho ediles del bloque de Ivoskus y cuatro del kirchnerismo, más un aliado.

Ante el pedido, Perrella llamó a sesiones para la semana siguiente (esperaba que un edil de Katopodis regresara al país), pero los "rebeldes" decidieron sesionar ese mismo día y eligieron como nuevo presidente del HCD a Alejandro Phatourus, del Movimiento Evita.

Argumentando un conflicto de intereses y defectos procedimentales (por caso, que sólo el presidente del HCD puede llamar a una sesión especial), tanto Perrella como Katopodis se presentaron ante la Suprema Corte bonaerense para que invalide la sesión. Mientras, el intendente firmó el decreto para "suspender" el funcionamiento del HCD.

El 14 de agosto, y en menos de dos semanas, la Suprema Corte bonaerense resolvió en contra del pedido de Perrella, argumentando que no existía "una grave situación de conflicto" y que la designación y remoción del presidente del HCD era un acto "esencialmente revocable", con lo que terminó convalidando la elección de Phatourus.

Pero el Concejo Deliberante no volvió a sesionar desde entonces. Según el bloque de Ivoskus y sus aliados del kirchnerismo, por causa del decreto de Katopodis. Según la tropa del intendente, por el fracaso de "la llamativa alianza entre kirchneristas y el FAP (por Ivoskus) para reunir el quórum".

"Tienen desesperación electoral", respondieron fuentes del municipio ante la consulta de LA NACION, para indicar que el decreto de Katopodis incluía una cláusula gatillo que daba fin a la suspensión del HCD cuando se expresara la Suprema Corte.

"No hay cuestión de fondo en la denuncia porque el Consejo está funcionando. El problema del kirchnerismo y el sector de Ivoskus es que sólo lograron sesionar para elegir autoridades, y desde entonces no logran el quórum", agregó Perrella.

Para Ivoskus, en cambio, el decreto de Katopodis es "de extrema gravedad, porque paralizó todos los trámites que necesitan la aprobación del HCD, desde la poda de árboles o la entrega de garrafas sociales hasta la aprobación de tres túneles que quiere construir la Nación".

El concejal que recorre el distrito junto a la líder del GEN, Margarita Stolbizer, es hijo del ex intendente Ricardo Ivoskus, un radical que mudó hacia el vecinalismo y el kirchnerismo a lo largo de los doce años que gobernó el municipio, hasta 2011.

"Curiosa alianza", resumen los massistas, al hablar de ese acuerdo con el kirchnerismo que, sin embargo, no firmó la denuncia penal contra Katopodis ni estuvo presente en la conferencia de prensa de ayer. "Pero acompañamos el planteo", aclararon desde el Movimiento Evita.

"En 2011, la gente nos eligió para ser opositores", respondió Ivoskus cuando LA NACION lo consultó por ese acuerdo con el kirchnerismo. "Queremos demostrar que la interna del peronismo está perjudicando a los vecinos de San Martín", se sinceró luego, en alusión a la denuncia penal contra Katopodis.

Para la tropa del intendente, otro motivo de peso detrás de la denuncia serían los 110 cargos creados por las nuevas autoridades del HCD, que tendrían trabados los sueldos por el decreto. "No son más de 30 cargos", corrigen desde la otra orilla. En algo coinciden, sin embargo: no importa el número, la batalla es inevitable.