El Gobierno de Córdoba se comprometió a dar marcha atrás con la implementación de la nueva ley jubilatoria si la Nación le "devuelve el dinero". Se trata de los 1.040 millones de pesos que reclama la provincia mediterránea a Nación, y que el Gobierno nacional aduce que no corresponde porque el distrito no "armonizó" su sistema jubilatorio como la mayor parte de las provincias.

Por tal motivo, la gestión de José Manuel De la Sota y los gremios estatales firmaron una tregua hasta la audiencia de conciliación que mantendrán con el Gobierno nacional por pedido de la Corte Suprema el próximo 10 de septiembre.

El jefe de Gabinete cordobés, Oscar González, reiteró que darán “por finalizada la discusión de ley jubilatoria si el Estado nacional nos devuelve el 15 por ciento de coparticipación o firma un convenio para el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones Provincial”.

A cambio de la suspensión de la norma, los sindicatos de trabajadores estatales se comprometieron a no realizar nuevas medidas de fuerza hasta la mencionada fecha para facilitar las gestiones ante la Nación tendientes a firmar un convenio para cubrir el déficit previsional generado por la provincia de Córdoba en los últimos años.