Con el respaldo en general de la mayoría de los bloques de la Cámara, el proyecto reunió 227 votos a favor, tres en contra (dos de la Izquierda y uno del PRO) y cuatro  abstenciones (de Unidad Popular y Proyecto Sur). El proyecto se aprobó tras 12 horas de debate de una sesión especial en la que también se aprobó el proyecto que modifica el `Pacto Federal de Trabajo`.

La sesión se inició a las 10.50 con la presencia de 131 diputados, pertenecientes al bloque del Frente para la Victoria y a sus habituales aliados. Al defender el proyecto, el titular de la comisión de Legislación Laboral, Héctor Recalde (FpV), aseguró que la iniciativa "propicia que se cumplan las leyes que existen" y dijo que se trata de "un salto cualitativo hacia el futuro" para evitar el fraude laboral.

El miembro informante por el oficialismo destacó, entre otras cuestiones, que la iniciativa contempla rebajas patronales para las microempresas y establece la creación de un registro público, donde se incluirán las empresas que violaron obligaciones con sus trabajadores, a la vez que se fijan multas y sanciones.

Desde el radicalismo, Eduardo Santín dijo que “está bien que se genere un `veraz` de empresarios para los que creemos en un estado activo que controle a los que están afuera de la ley, que no premie a los que estafan a los ciudadanos”, aunque aclaró que “este mecanismo necesita de un fenomenal esfuerzo, de hombres y mujeres que puedan controlarlo, para lo que se necesita involucrar en ese proceso a la estructura sindical, como propusieron otros bloques”.

Por su parte, la massista Graciela Camaño justificó el acompañamiento en general al proyecto al sostener que “todo lo que se haga para resolver el problema de la precarización laboral lo apoyamos, aun cuando la expectativa que tengamos de que este proyecto de resultados sea baja". “No creemos que el problema de tomar o no empleados sea la contribución patronal; una empresa no se funde por pagar un aporte de 300 pesos”, remarcó.

A su vez, el presidente del bloque del PRO, Federico Pinedo, señaló que su bancada "acompaña en general porque estamos de acuerdo en bajar impuestos al trabajo y combatir el trabajo no registrado" y adelantó que sólo Federico Sturzenegger votaba en contra. 

Por el Frente Amplio Progresista, la socialista Alicia Ciciliani justificó la creación del registro de empresarios que no cumplen con la ley “porque si no se le estarían otorgando beneficios crediticios a empresarios que tienen trabajadores no registrados”. “Responsabilidad social empresaria es tener trabajadores en blanco, no ir a pintar escuelas, porque esa es una tarea que le corresponde al Estado con los impuestos que pagan los contribuyentes”, manifestó.

Desde Unidad Popular, Víctor De Gennaro anticipó la abstención de ese bloque a votar la iniciativa, y sostuvo que con el proyecto del Poder Ejecutivo "no se mejora la situación, no permite un salto cualitativo en la lucha contra el trabajo no registrado y sigue manteniendo los beneficios para los de arriba". Fernando Sánchez, de la Coalición Cívica-ARI-UNEN, adelantó su respaldo al proyecto y consideró que el Estado "tiene que ayudar a las microempresas. Se habla de empresas de 5 empleados. ¿De qué grandes estamos hablando?", dijo en alusión a las críticas de algunos opositores.

En tanto, el Frente de Izquierda de los Trabajadores (FIT), Néstor Pitrola, reiteró el rechazo de ese bloque a la baja de aportes patronales contemplados en el proyecto y consideró que la iniciativa no fomentará el trabajo registrado.

En el cierre del debate, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio dijo que “no existe período más extenso donde se haya creado más empleo que en estos 11 años”. “Tienen que hacerse cargo de este presente, que es mucho mejor que el que había cuando nos hicimos cargo de este país en 2003”, dijo dirigiéndose a la oposición. Y continuó: “tienen un discurso un poco contradictorio. Critican este proyecto pero en los últimos dos años no presentaron ningún proyecto sobre trabajo no registrado”.

El proyecto que se aprobó hoy contempla la reducción de contribuciones patronales para microempresas, medidas de fortalecimiento en la fiscalización y capacidad de inspección del Estado nacional y la creación de un registro donde se incluirá a las empresas que violen la legislación laboral.