La Cámara baja se apresta este miércoles a convertir en ley el proyecto de reapertura del canje de deuda, que tendrá los mismos beneficios que se otorgaron en las reestructuraciones realizadas en 2005 y 2010, y que fueron aceptadas por el 93 por ciento de los bonistas.

Por ese motivo, la bancada oficialista, que conduce la bonaerense Juliana Di Tullio, convocó para un plenario de comisiones para el martes para debatir el proyecto votado en el Senado, con el fin de emitir el dictamen que habilitará el debate en la sesión del miércoles.

En este contexto, la iniciativa sancionada por el Senado será analizada por las comisiones de Finanzas y de Presupuesto y Hacienda, el martes desde las 16 en una reunión que se realizará en el edificio anexo de la Cámara.

La idea de los presidentes de ambas comisiones, Carlos Heller (Nuevo Encuentro) y Roberto Feletti (Frente para la Victoria), es poder emitir dictamen ese mismo día para poder llevar el tema al recinto en una sesión especial que se realizaría el miércoles.

Para ello, el oficialismo no sólo contaría con la mayoría propia y de los bloques aliados, sino que sumaría la adhesión del radicalismo y de algunos integrantes del peronismo opositor, reflejando lo que ocurrió en la votación del proyecto en el Senado.

El proyecto enviado hace dos semanas por el Ejecutivo para la reapertura del canje de deuda, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y establece que la nueva convocatoria se realizará en "términos y condiciones financieras" similares a la operación concretada en 2010.

La iniciativa apunta a "llevar adelante todas las acciones necesarias para la conclusión del proceso de reestructuración de los títulos públicos" que no ingresaron a los canjes instrumentados en 2005 y 2010.

El artículo segundo del proyecto establece que los "términos y condiciones financieros que se ofrezcan no podrán ser mejores que los ofrecidos a los acreedores en el decreto 563/10", en referencia a las condiciones de los bonos del canje 2010.

Otro artículo importante, el número 7, suspende la vigencia de la denominada Ley Cerrojo y el cierre del canje lo deja supeditado a la decisión del Congreso Nacional, para dar vía libre a la operación que oportunamente realizará el Ejecutivo.
Se trata de un artículo clave, de cara al juicio que la Argentina enfrenta en Nueva York, donde la Corte Suprema estadounidense deberá decidir si toma o no el caso.

El texto sostiene que quienes deseen participar deberán renunciar a los derechos que les correspondan como sentencias o laudos, o acciones legales iniciadas o que pudieran realizarse a futuro en relación a los títulos susceptibles de canje.

Sobre el proyecto que se debatirá desde el martes, Feletti señaló que "si alguien que representa menos del 1 por ciento de una deuda tiene de rehén a una nación, entonces no hay reestructuración posible”.

En esa línea, agregó que el fallo de la Cámara norteamericana “le otorga un poder de veto a quien compra 0,45 por ciento de los bonos que en su momento se defaultearon y desde ahí presiona, perjudicando a quienes apostaron por la propuesta argentina buenamente, y además están cobrando”.

“Si este mecanismo se legitima, no habría reestructuración de deuda posible en el mundo y estaríamos ante una suerte de dictadura financiera monumental”, añadió.

Desde el radicalismo, en tanto, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, Miguel Giubergia, adelantó que su bloque "no va a poner palos en la rueda para abrir un nuevo canje de deuda" aunque cuestionó a los funcionarios que llevaron adelante las últimas negociaciones vinculadas con los fondo buitre.