El juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, tomó dos medidas relevantes en relación a las demandas presentadas contra el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno. En primer lugar, habilitó la feria judicial de enero para tramitar los amparos que cuestionan la constitucionalidad del decreto. Además, determinó que el fuero laboral sea el encargado de tramitar el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para detener las reformas laborales impulsadas por el presidente.

Estas decisiones van en contra de los intereses del Gobierno nacional, que buscaba que el caso pasara al fuero contencioso administrativo. Sin embargo, el Gobierno tiene la posibilidad de apelar estas medidas. El juez desestimó el amparo colectivo presentado por el Observatorio del Derecho a la Ciudad, argumentando que cada expediente debe tramitarse de manera individual.

Al habilitar la feria judicial, Lavié Pico expresó que la demora en la tramitación de estos casos durante el receso judicial de enero podría poner en riesgo la protección oportuna de los derechos reclamados.

La decisión de desestimar el amparo colectivo complica la estrategia del oficialismo, ya que permite la apertura de diferentes causas y habilita que la presentación de la CGT quede en el fuero laboral, cercano al sindicalismo. Asimismo, Lavié Pico consideró que el contenido del decreto aborda materias muy diversas, por lo que su contenido puede ser tratado por diferentes fueros, no limitándose únicamente a los juzgados que intervienen en lo contencioso administrativo.

Estas decisiones tienen un fuerte impacto en el escenario político y judicial, generando tensiones entre los distintos actores involucrados en las demandas contra el decreto de necesidad y urgencia.