El juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Lavié Pico, tomó dos medidas relevantes en relación a las demandas presentadas contra el decreto de necesidad y urgencia emitido por el gobierno. En primer lugar, habilitó la feria judicial de enero para tramitar los amparos que cuestionan la constitucionalidad del decreto. Además, determinó que el fuero laboral sea el encargado de tramitar el amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para detener las reformas laborales impulsadas por el presidente.