La jueza Loretta Preska ha autorizado el embargo de 210 millones de dólares correspondientes al colateral de los Bonos Brady. Asimismo, se ha ordenado la congelación de otros 100 millones de dólares hasta que Attestor Master y Bainbridge Fund, dos grupos de acreedores con deuda en default, resuelvan su disputa sobre esos fondos. 

Esta acción judicial se suma a la reciente ejecución de una garantía por 325 millones de dólares en el caso del Cupón PBI en Londres, lo que incrementa la presión sobre Argentina en los tribunales internacionales. Los acreedores, quienes se han mantenido en la posición de holdouts desde el default de 2001, han conseguido obtener fallos favorables que les permiten embargar activos argentinos, dado que no recibieron pagos durante los procesos de reestructuración de deuda. 

La Corte Suprema de los Estados Unidos, al rechazar en enero la apelación presentada por Argentina, ha dejado firme la orden de embargo dictada por la jueza Preska. El conflicto gira en torno a los activos argentinos vinculados al colateral de los bonos Brady, que fueron ofrecidos como garantía para el pago de la deuda reestructurada en los años noventa. 

En 2023, Argentina completó el pago de sus obligaciones, lo que liberó ciertos activos. No obstante, la reciente disputa ha llevado a nuevos embargos, aumentando la presión sobre el país. La decisión de la jueza Preska, junto con el rechazo de la apelación de Argentina por parte de la Corte Suprema de EE. UU., intensifica la presión sobre el país en un contexto económico desafiante.