Héctor "Chabay" Ruiz era intendente de La Banda, Santiago del Estero, en el año 2013. Por entonces, una mujer se acercó a pedir trabajo a la intedencia y el jefe comunal, decidió abusar sexualmente de ella. 

La víctima practicó una denuncia y en 2015, en un juicio abreviado en que Ruiz aceptó su responsabilidad, fue condenado. Pero ahora, en las recientes elecciones, el abusador se candidateó a diputado provincial y alcanzó una banca, fue electo por el pueblo. 

Es cierto, las Cámaras son jueces de los títulos de sus miembros y los legisladores provinciales podrían evitar que asuma. También, la colectiva Ni Una Menos está haciendo todo tipo de planteos para evitar que Ruiz tenga una banca y es verdad también que la ministra de Género de la Nación, se comunicó con el presidente de la legislatura provincial para manifestarle su preocupación.

Para seguir la lista de lo que es cierto, podríamos decir que debería ser norma en todas las provincias y la Nación, que los condenados por abusos sexuales no deberían tener la posibilidad de asumir cargos públicos nunca más, porque esos espacios otorgan poder, el campo fértil de los abusadores.

Pero más allá de los resguardos legales institucionales, del accionar de las autoridades o de los propios representantes que pueden expulsarlo, todos resortes que pueden funcionar muy bien, ¿que nos pasa? ¿Porque el pueblo vota una lista que integra una abusador sexual? ¿Porque un partido lo lleva como candidato?

El Frente Patriótico Laborista obtuvo en Santiago del Estero 48 mil votos, de los que se benefició Ruiz para ser electo diputado. ¿Que pensaban esos 48 mil electores? El 8,3% de los santiagueños voto a un abusador comprobado y condenado, confeso.

Y lo votó para un cargo en que, por mejor desempeño que tenga., no va cambiarle la vida a nadie. Será (en caso que le permitan asumir) un legislador de un pequeño bloque sin incidencia. Lo único que hicieron es devolverle el poder para que pueda darse el gusto de abusar.

El unico camino para que exista un futuro, es la realización de un profundo trabajo en materia de cultura cívica y política. Sin ella no hay destino, porque no se sabe que se vota, a quien se vota ni porque se vota. Se reclama medidas a las autoridades incorrectas. Esto no pasa solamente en Santiago del Estero. Aca nomás, los macristas le pedían a Mauricio Macri que "meta presa" a Cristina Kirchner.

Más allá de la responsabilidades o no de la vicepresidenta, que no son motivo de análisis en estas líneas, los presidente no meten presa gente, deberíamos saberlo, es un reclamo para los magistrados en el mejor de los casos. A los legisladores, si lo que se quiere es que se agilicen los procedimientos.

La cultura política democrática es uno de los más grandes déficit de la Argentina, posiblemente generado por el escaso lapso de ejercicio y de una historia completa, del '83 para atrás, en que los presidentes si metían presas personas y otras atrocidades más. Acelerar el aprendizaje democrático institucional es un paso ineludible para que haya futuro.