Con duras críticas a la Casa Rosada, el fiscal Alberto Nisman solicitó en una presentación ante el juez Rodolfo Canicoba Corral -ambos actúan en la causa AMIA- que se declare inconstitucional el acuerdo que el Gobierno firmó con Irán. El memorándum propone revisar la investigación sobre el atentado contra la mutual judía el 18 de julio de 1994, con un saldo de 85 muertos.

El fiscal cuestionó duramente al Gobierno y opinó que, con la firma del acuerdo de entendimiento a comienzos de este año, la administración de Cristina Kirchner incurrió en "una afrenta y grave ofensa a la independencia de la Justicia".

Además, Nisman aseguró que el acuerdo es un "avasallamiento y atropello a derechos y garantías reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales con jerarquía constitucional".

Entre esas garantías violadas, Nisman mencionó: "La vulneración del sistema republicano de gobierno; la división de poderes; la independencia judicial; la garantía del debido proceso; el principio del juez natural; el derecho de defensa en juicio; el principio de igualdad ante la ley; el derecho a la tutela judicial efectiva; y el derecho de acceso de las víctimas a la justicia".

“Hicimos un análisis muy profundo y llegamos a esta conclusión. Es un ataque muy grande a la independencia del Poder Judicial”, advirtió en Radio Continental el fiscal Nisman.

“En última instancia debe resolverlo la Corte Suprema, pero primero lo verá el propio juez. En caso de que Canicoba Corral resolviera a favor del memorando, la DAIA y la AMIA presentarían un (recurso de) per saltum”, enfatizó.

“Desde que los iraníes tuvieron la confirmación que no había pedido de captura, desapareció por completo su interés. De hecho, retiraron del parlamento ese texto. Me dijeron que no les interesaba si alguien los consideraba terroristas sino que sus ciudadanos no pudieran circular libremente por el mundo”, destacó Nisman.

En cuanto a las irregularidades que evaluó del acuerdo que el kirchnerismo firmó con Irán, el funcionario judicial a cargo de la causa afirmó que “los riesgos son muy claros: hay una comisión, un órgano político, arrogándose facultades judiciales”.