Antes de que José Capdevila armara intempestivamente el bolso y cruzara las fronteras con su familia, la Justicia ya tenía una denuncia por amenazas. Y la presentación no la había hecho cualquier persona, sino el propio fiscal de la causa Ciccone, Jorge Di Lello.

"Cuando yo me enteré de la primera noticia, no me refiero a lo que está hoy en los diarios, me pareció prudente hacer la denuncia cuanto antes, la semana pasada", declaró Di Lello en declaraciones radiales.

De acuerdo a las reglas del Poder Judicial argentino, un fiscal no puede asignarse competencia en un caso. Así que la denuncia por amenazas fue a sorteo y recayó finalmente bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello.

Una vez que el tema estalló en las tapas de los diarios por una carta en la que Capdevila anunciaba que había dejado el país acorralado por las amenazas, Casanello ordenó medidas de protección, entre ellas su inclusión en un programa de testigos protegidos. Tarde. Capdevila ya estaba lejos del país y sin intenciones de volver hasta sentir una protección real del Estado.

Capdevila fue asesor jurídico de Boudou en el Ministerio de Economía. Durante su gestión emitió un dictamen técnico en el que recomendó no intervenir en un pedido de la AFIP para generar un plan de facilidades a favor de la imprenta Ciccone, que atravesaba una complicada situación financiera. El vicepresidente lo desoyó e igualmente se manifestó a favor del salvataje a la compañía.

Meses después varios integrantes del entorno de Boudou estuvieron involucrados en la compraventa de Ciccone y la lupa se posó sobre el accionar del ex titular del Palacio de Hacienda.

Capdevila declaró cuál fue su intervención en el caso ante el ex fiscal de la causa. Ahora había sido citado a ampliar su testimonio pero debió dejar el país porque temía por su integridad física. Pese a ello, lo "troncal" ya fue incorporado al expediente, reveló Di Lello. "Básicamente él dijo que no le correspondía al Ministerio de Economía emitir una opinión sobre el tema y que el doctor Boudou habilitó el expediente sin seguir su consejo técnico", repasó.

Di Lello no tiene dudas de que el dictamen de Capdevila y la decisión de Boudou de pedir el salvataje a Ciccone son cuestiones relevantes del expediente. Ahora espera la posibilidad de que el vicepresidente y el resto de los imputados puedan cumplir con el principal acto de defensa que tiene un sospechoso: la declaración indagatoria.