El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, señaló hoy que el Gobierno no descarta la posibilidad de aumentos tarifarios, aunque aclaró que habrá "definiciones particulares en cada caso" y advirtió que no estudian "cambios bruscos".

Abal Medina, consultado sobre la posibilidad de incremento en las boletas de servicios públicos pasadas las elecciones legislativas, indicó que "no tenemos idea de ningún cambio brusco" pero seguidamente comentó que "las correcciones son permanentes".

"Obviamente hay definiciones que se irán tomando en cada momento, de acuerdo con las definiciones particulares de cada caso", abundó el funcionario, en entrevista radial.

Las especulaciones sobre aumentos en las tarifas de servicios públicos son habituales en el mercado en tiempos preelectorales, al punto que muchas de las empresas del sector fueron las que registraron mayores aumentos en la Bolsa de Comercio, a raíz de que los operadores descontaban ajustes de esa naturaleza después de los comicios del 27 de octubre.

Las tarifas de las empresas de servicios públicos son uno de los aspectos más conflictos de la economía local, debido a que en la mayoría de los casos están congeladas desde hace más de una década.

Ese congelamiento se dispuso en enero de 2002, con la sanción de la ley de Emergencia Económica, al tener en cuenta que en la mayoría de los casos las tarifas estaban ajustadas a la cotización del dólar, ya que derivaban de contratos firmados durante la vigencia de la ley de Convertibilidad.

Con el transcurso de los años, la ecuación económico-financiera de las compañías se tornó cada vez más dificultosa, lo que dio lugar a que el Estado compensara la brecha entre precios y costos con subsidios a diferentes sectores.

El incremento de esos subsidios dio lugar, precisamente después de una elección, a que el Gobierno impulsara en noviembre de 2011 una supresión selectiva en zonas de mayor poder adquisitivo, en el marco de lo que se denominó "sintonía fina".

Esa quita de subsidios en los servicios de agua corriente, gas y electricidad se aplicó en la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y algunos partidos de conurbano e iba a extenderse a otras zonas del país, pero el Gobierno dejó esa ampliación sin efecto.
Asimismo, se había abierto un registro voluntario para quienes quisieran adherirse a esa quita, que tampoco tuvo continuidad.