La jefa de Estado dijo que se enviará ese paquete de iniciativas tras considerar que “los usuarios y consumidores son los nuevos actores del siglo XXI y es justo que tengan sus derechos con una legislación moderna y eficaz”.
 
El paquete de proyectos anunciado por la jefa de Estado tiene tres nuevas herramientas para los consumidores: crea una instancia de conciliación obligatoria entre la empresa y el usuario y de no alcanzarse un acuerdo le da al consumidor la posibilidad de dirigirse a una autoridad administrativa con capacidad de otorgar indemnizaciones o a un nuevo fuero judicial adaptado a sus necesidades.
 
“Queremos darle el derecho a los consumidores de ser defendidos”, sintetizó la mandataria tras explicar que los tres proyectos de ley anunciados prevén reglamentar el artículo 42 de la ley de Defensa del Consumidor en la Constitución “no solo son para proteger los derechos de los usuarios sino también para darle más competitividad a la economía porque va exigir más responsabilidad de los empresarios”.
 
Durante el mismo acto, pero antes de que Cristina realizará el anuncio por cadena nacional, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, había brindado detalles sobre el paquete de leyes que tiene a defender a los usuarios y consumidores frente al poder de las empresas a las que denuncian.
 
"Hoy cuando se accede (al servicio de atención al cliente) y hay multa, las empresas apelan esa multa y se va a un proceso ordinario que es para cuando hay igualdad ante las partes y acá no estamos ante igualdad de partes", había manifestado.  
 
El paquete de proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso prevé la implementación del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones del Consumo (Coprec) que permitirá al consumidor realizar la denuncia y contar con patrocinio jurídico gratuito: podrá presentar a las audiencias con un Defensor Oficial de las Relaciones del Consumo.
 
El Servicio de Comciliación funcionará en todo el país, en la órbita de la Secretaría de Comercio, y contará con conciliadores especializados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.
En caso de no lograr un acuerdo con la firma denunciada, el consumidor tendrá dos opciones de las cuales una será la de pedir una solución rápida ante la Secretaría de Comercio que tiene facultades para indemnizar al damnificado por un monto de hasta 15 salarios mínimos (55.000 pesos).

La opción alternativa que tendrá el consumidor será recurrir al nuevo fuero de la justicia nacional en la relaciones del consumo para exigir una reparación integral de hasta 60 salarios mínimos (220.000 pesos).
 
El fuero estará conformado por ocho juzgados de primera instancia y una Cámara de Apelaciones que actuará en dos Salas de tres jueces cada una.
 
El nuevo fuero tiende a brindar celeridad a la resolución de los reclamos de los consumidores ya que permitirá concentrar la actividad procesal en una única audiencia en la que el juez podrá dictar sentencia, informaron fuentes del Ministerio de Justicia.
 
Otros de los principios que garantizará el nuevo fuero serán: inmediación (el consumidor participa y tiene contacto con la autoridad), oralidad (audiencia pública y procedimiento oral), gratuidad (patrocinio jurídico gratuito) y protección al consumidor (principio pro consumidor).
 
La idea de brindar nuevas alternativas al consumidor había sido impulsada por la Presidenta durante su discurso en la apertura de sesiones legislativas cuando dijo: “Vamos a tener que abocarnos desde el Ejecutivo y también desde este Legislativo a sancionar instrumentos que defiendan de una buena vez a los usuarios y consumidores frente al abuso de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos”.
 
En el mismo paquete de proyectos que la jefa de Estado mandará al Congreso se prevé la creación del Observatorio de Precios de Insumos, Bienes y Servicios en el ámbito de la Secretaría de Comercio, con el fin de intervenir en estados previos de las cadenas de valor.
 
En el Observatorio tendrán participación las Asociaciones de Consumidores y las áreas técnicas de los Ministerios de acuerdo a cada temática.
 
En el paquete de proyectos también se prevé la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley de Lealtad Comercial, a través de un aumento del tope de las multas aplicable a empresas que incumplan la normativa (de 500 mil pesos a 5 millones ), y de la incorporación de otro tipo de sanciones como clausura del local y pérdida de beneficios fiscales.
 
También se modificaría la ley de Defensa de la competencia y la ley de Abastecimiento, y se impulsará una nueva ley de Regulación de las relaciones de producción y consumo.
 
"Hemos decidido suprimir de la vieja ley de abastecimiento la cárcel, porque hoy vale más el bolsillo que la cárcel", dijo Cristina, quien agregó que se está "dando mayor empoderamiento para el Estado", al explicar la reglamentación del artículo 42 de la Constitución nacional.
 
La jefa de Estado también indicó que el 61 por ciento de las denuncias de los consumidores van dirigidas a empresas grandes; que los principales rubros son telefonía celular, automotores, televisión por cable, telefonía fija y bancos y que la mayor parte de los reclamos son por “prestación defectuosa e incorrecta liquidación de dinero”.