El 4 de diciembre de 2020, el Congreso sancionó la Ley de Manejo del Fuego. La norma llevó el número 27.604 y el Ejecutivo mostró cierta celeridad en promulgarla mediante el Decreto 1038/2020, el 23 de diciembre de ese año.

Pero fue un espejismo, una bomba de humo, valga la perversa alegoría. Porque lo imprescindible para que la ley sea aplicable es que sea reglamentada, y el gobierno lleva un año con ese compromiso pendiente y sin resolver. No parece ser una prioridad para el presidente Alberto Fernández, pese a que, en todos estos meses, los bosques nativos se siguieron prendiendo fuego y la herramienta legal fue inútil.

La norma salió del Congreso producto de un trabajoso consenso entre varios bloques, y resistiendo las presiones de los grupos de interés que trataban de que la iniciativa muera en un cajón.

Desde los ámbitos legislativos sospechan que son esos mismos lobbies, los que detienen la reglamentación. “Lo está parando (Matías) Kulfas, debe tener un acuerdo, investigá” concluye un legislador, curiosamente oficialista.

Otros atribuyen la responsabilidad al propio Alberto Fernández, que cuenta con la inestimable lentitud de la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra y un Kulfas que hace la plancha por la presión de los grupos económicos interesados.

En agosto de 2021, con más de ocho meses de ley vigente pero sin reglamentar, organizaciones socioambientales denunciaron que el fuego en las sierras cordobesas están ligados a la intención de usar los suelos para agronegocio y emprendimientos inmobiliarios. Hasta ese momento se habían quemado 2000 hectáreas en la provincia mediterránea.

Para octubre de 2021, se habían quemado 153 mil hectáreas en la zona de Delta del Paraná, siete veces la superficie total de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Fundación Ambiente y Recursos Humanos (FARN), indicó que estas catástrofes implican ecosistemas, biodiversidad y comunidades devastadas.

Durante el año 2021, se quemaron más de 302.000 hectáreas con diferente tipo de vegetación en la Argentina. En Río Negro, los incendios de vegetación afectaron 20.381 hectáreas. En Neuquén, se quemaron 1.350 hectáreas, según el Ministerio de Ambiente de la Nación. La última semana de diciembre, los focos de incendios en Río Negro, Neuquén y Chubut tornaron tan crítica la situación que llevó al Consejo y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a declarar la “emergencia ígnea” en todo el país.

Pero, pese a todo, el gobierno sigue sin reglamentar la Ley sancionada por el Congreso, cabría preguntarse que funcionarios realmente no funcionan, o funcionan en relación con intereses que no son, los que los representantes del pueblo intentaron proteger.