Tras una extensa discusión parlamentaria, que incluyó fuertes cruces, el Frente para la Victoria consiguió finalmente minutos antes de las 2 de la madrugada de hoy los votos necesarios para dar vía libre al memorándum de entendimiento celebrado con el régimen de Ahmadineyad, pese al rotundo rechazo de la mayoría de los bloques opositores.

El proyecto del Ejecutivo fue duramente cuestionado, entre otros aspectos, por "inconstitucional", "garantizar la impunidad en la causa AMIA", "blanquear el régimen iraní" y "dar de baja las alertas rojas de Interpol que pesa sobre cinco ciudadanos iraníes", dijeron los opositores.

Para habilitar su tratamiento y garantizar el quórum de 129 presentes, el oficialismo hizo volver a sus bancas a dos diputados que habían pedido licencia y debieron renunciar a sus cargos provinciales -el chubutense Carlos Eliceche y la tucumana Beatriz Mirkin-, lo cual generó la queja opositora y el planteo de algunas cuestiones de privilegio por el episodio.

Aunque en realidad a las 12:15 de ayer, quince minutos antes de cumplirse la media hora de tolerancia, el Frente para la Victoria celebró tener en sus bancas 130 diputados, que treparon enseguida a 132, cuando se ubicaron en sus sitios el jefe del bloque, Agustín Rossi, y su vicepresidenta, Juliana Di Tullio.

Al comenzar formalmente la sesión ya había 135 diputados en el recinto.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el kirchnerista Guillermo Carmona, defendió el proyecto oficial al asegurar que el objetivo "central" del memorándum "es que presten declaración indagatoria los imputados iraníes" por el atentado, cometido el 18 de julio de 1994 y que provocó 85 muertos.

El legislador respondió las críticas opositoras, señaló que Irán "es un Estado que no está denunciado en la causa como imputado" y que "no hay posibilidad" que se lo someta a proceso, porque, de comprobarse su participación, sería una responsabilidad de tipo política pero no penal.

Carmona enfatizó que las alertas rojas de Interpol que pesan sobre cinco ciudadanos iraníes sospechados por el atentado "no se pueden modificar sin intervención del juez de la causa", por lo cual siguen vigentes.

La presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, acusó, por su lado, al Gobierno de "no querer esclarecer los crímenes" productos del ataque terrorista, y denunció que se sometió la causa "a las necesidades, primero que nada, financieras y fiscales" del Ejecutivo.

El denarvaeizta Gustavo Ferrari, en tanto, consideró que "tiene que haber algo atrás" del tratado suscripto para que se pongan "en riesgo los códigos rojos" emitidos por Interpol y para no haber consultado "al juez (Rodolfo Canicoba Corral) y al fiscal (Alberto Nisman) en estas decisiones".

Para el macrista Pablo Tonelli, el convenio "es inconstitucional" porque se distancia de la Carta Magna que "establece la competencia" de los tribunales argentinos y la tramitación y decisión de todas las causas bajo "las leyes de la Nación".

El legislador alertó que no se puede considerar como "declaración indagatoria" la que se le tome en Irán a los acusados.

La fundadora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, advirtió el acuerdo con Irán es "demasiado peligroso", y acusó al gobierno de la presidenta Cristina Fernández de "cambiar la política exterior" en línea con la del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y con ello de "meterse en el conflicto de Medio Oriente con implicancia nuclear".

El radical Mario Negri dijo que el entendimiento termina "con uno de los consensos básicos más importantes" mantenidos en esta etapa democrática de la Argentina, que es la "búsqueda de verdad y justicia" por el atentado a la mutual judía.

Al respecto, el peronista disidente Felipe Solá señaló que la llamada Comisión de la Verdad, que habilita el memorándum, es en realidad "una comisión pseudo-judicial" que contará con "un carácter supranacional por encima del Código Penal Argentino".

En tal sentido, acusó al canciller Héctor Timerman de ser "tibio" y favorecer a un "blanqueo" de Irán.

Mientras, el jefe de Proyecto Sur, Fernando "Pino" Solanas, indicó que el "memorando" es "un error", y reclamó "la desclasificación total de los archivos de la SIDE que tienen que ver con la causa de la AMIA, y la creación de una comisión investigadora independiente".

El polémico acuerdo

Buenos Aires y Teherán firmaron el 27 de enero último un memorando para crear una Comisión de la Verdad, integrada por cinco miembros, ninguno de ellos iraní o argentino.

El pacto bilateral establece posible que los cinco juristas y el magistrado argentino de la causa puedan tomar declaración en Teherán a 8 imputados, entre ellos el actual ministro de Defensa, Ahmad Vahidi y el expresidente Alí Rafsanjani (1989-1997).

La comunidad judía rechazó enfáticamente el escrito y anoche centenares de personas de la colectividad -la mayor de América latina- se concentraron en las afueras del Congreso y levantaron carteles de protesta con la leyenda 'No'.

La protesta había sido convocada por familiares de las víctimas del atentado -donde murieron 85 personas en 1994- y, pese a que en principio se informó que no habría oradores, se montó un escenario en el que finalmente representantes de la comunidad reiteraron una vez más las críticas a la medida.