El gobierno norteamericano volvió a defender hoy a la funcionaria vinculada a los fondos buitre que fue designada por el presidente Barack Obama para dirigir un organismo asesor del Congreso de los Estados Unidos, luego de que la presidenta Cristina Kirchner pidiera la semana pasada explicaciones a la Casa Blanca por ese nombramiento.

Un vocero del Departamento de Estado explicó que "el presidente Obama nombró primero a Nancy Soderberg como presidenta del Public Interest Declassification Board (PIDB), que tiene nueve miembros, el 30 de enero de 2012", y "luego, por segunda vez, el 3 de diciembre de ese año".

Asimismo, indicó que el organismo "es un comité asesor establecido por el Congreso en el año 2000 para promover el acceso público a los informes del gobierno relacionados con las actividades de seguridad nacional".

El vocero también precisó que los cargos en la junta del PIDB "son a tiempo parcial" y que "es típico" en ese organismo, como así también en otros consejos que asesoran al gobierno, que sus miembros tengan "un empleo afuera".

Al salir en defensa de la cuestionada funcionaria, la fuente del Departamento de Estado justificó a Télam que "la señora Soderberg es una ciudadana particular que trabaja en un comité asesor del gobierno" y que "sus responsabilidades como directora del PIDB no están relacionadas con ninguna actividad que pueda tener como una ciudadana particular en el litigio de la Argentina con los bonistas".

La semana pasada, a través de una carta enviada a Obama, Cristina advirtió sobre el nombramiento de Soderberg, ya que se trata de una de las responsables del grupo de presión de los fondos buitre American Task Force Argentina (ATFA).

La presidenta Cristina Kirchner había pedido a Barack Obama, en una dura carta difundida el viernes, que aclarara si la funcionaria designada como titular del Public Interest Declassification Board (PIDB) es la copresidenta de la American Task Force Argentina (ATFA), un grupo que defiende a los “fondos buitres”, lo que configuraría, según la mandataria, un “hecho grave en las relaciones bilaterales”.