Italia acaba de otorgar la primera autorización para un suicidio asistido a un hombre tetrapléjico de 43 años que lleva 10 inmovilizado en la cama y viene librando una larga batalla judicial. El caso está avalado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 2019, en la que se estableció que bajo ciertas condiciones ayudar al suicidio no es punible.  

En Italia aún no existen leyes que regulen la eutanasia activa y el suicidio asistido. Además de la sentencia del máximo tribunal,  actualmente hay un pedido con  1,2 millones de firmas para que se autorice un referéndum que legitime el procedimiento.  

Aquí vamos a señalar algunas diferencias: el suicidio asistido es cuando alguien entrega al paciente el material necesario para terminar con su vida, pero es éste quien lleva adelante el acto. Es una práctica aceptada en  Bélgica, Canadá, España, Luxemburgo, Países Bajos, Suiza y algunos estados de Estados Unidos y Australia. El 6 de noviembre de 2021 también entró en vigencia en Nueva Zelanda.   Los Tribunales Constitucionales de Alemania, Austria, Colombia e Italia lo aceptaron,  pero sus parlamentos aún no lo han legalizado. 

La eutanasia es una intervención médica en el final de la vida caracterizada por la intención de acelerar la muerte para evitar el sufrimiento. En la eutanasia activa esta persona le suministra el fármaco al paciente que termina con su vida; en la eutanasia pasiva, en cambio,  lo que se hace es suspender los tratamientos y desconectar de las máquinas que sostienen con vida a la persona.  

Los Países Bajos y Bélgica fueron los primeros que autorizaron la eutanasia hace casi veinte años. Luego se sumaron otros países como  Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda y España, que la aprobó en marzo de 2021.

Colombia legalizó el procedimiento en 2015 y desde entonces se han realizado más de un centenar de procedimientos. En la actualidad la paciente Marta  Sepúlveda, de 51 años,  que padece ELA,  está en una batalla judicial para poder terminar con su vida y ampliar el derecho a las personas que no tienen una enfermedad terminal pero padecen "un intenso sufrimiento físico o psíquico" por causa de una lesión o enfermedad incurable.

En Perú, aunque las leyes prohíben la eutanasia, la psicóloga  Ana Estrada, una mujer que padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años, logró un fallo judicial que avala su derecho a una muerte digna.

En la Argentina el suicidio asistido y la eutanasia no son legales.  En 2012 se sancionó la Ley de Derechos del Paciente (algunos la llaman Ley de Muerte Digna) que permite dejar directivas anticipadas y en caso de enfermedades terminales rechazar tratamientos, procedimientos quirúrgicos, reanimación artificial e incluso permite retirar la alimentación e hidratación para evitar el encarnizamiento terapéutico.   

Por último, es necesario que la Cámara de Diputados apruebe la Ley de Cuidados Paliativos que desde hace un año tiene media sanción del Senado y facilitaría el acceso a este servicio de personas que necesitan aliviar su dolor físico y mental.