Diputados y senadores opositores, en su mayoría radicales, y familiares de las víctimas de la tragedia de Once apuntaron ayer contra los funcionarios nacionales y la empresa TBA por la tragedia de Once, durante una jornada de debate organizada por la UCR para analizar el estado del servicio ferroviario de cargas y de pasajeros en el país.

Ángel Cerrichio, quien perdió un hijo el trágico 22 de febrero, indicó que los familiares están “conformes con los avances de la Justicia”, pero reclamó que “los funcionarios no sean cómplices de un asesinato”. “Acá no se habla de costo político, sino de que los responsables vayan presos”, aclaró en referencia a las intenciones de los familiares de las víctimas.

Elisa Ojeda, tía de un joven fallecido en el accidente, destacó que “los cambios estéticos de los trenes a nosotros no nos sirven” y volvió a pedir por el soterramiento del ex Ferrocarril Sarmiento.

Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, cuestionó que la tragedia de Once haya sido encuadrada “como delito culposo y no doloso”, y consideró que “en este episodio los empresarios y los funcionarios tienen responsabilidades muy claras”.

Su correligionario Ricardo Alfonsín señaló que “la Constitución y las instituciones de la República no sólo nos previenen de las dictaduras, sino también de la corrupción.

En este contexto, el titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Leandro Despouy, reclamó en "Magdalena Tempranisimo" que se investigue "con celeridad la muerte del maquinista y testigo clave Leonardo Andrada" porque, dijo, "es difícil descartar cualquier móvil".

"Es muy importante que el juez haya actuado con esta celeridad para poder llegar al juicio oral en menos de un año", destacó sobre la labor del juez Bonadío.