La CNJP, integrada por laicos y que tiene como asesores al ex obispo de San Isidro monseñor Jorge Casaretto y el obispo auxiliar de Buenos Aires Joaquín Sucunza, divulgó un texto en el que se refirió a los principales aspectos de la reforma al Poder Ejecutivo que presentará el Gobierno al Congreso, según anticipó la presidente Cristina Kirchner el viernes, durante la apertura del año legislativo.

Uno de los puntos sobre los que se manifestó en contra fue la voluntad oficial de que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo mediante el voto. "La elección popular es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional y que en todo caso convertirá a un órgano que debe ser técnico y riguroso, en escenario de luchas partidarias", consideró.

En la nota, el organismo, dependiente del Episcopado y encabezado por Eduardo Serantes (foto), señaló que "la politización de los jueces es inadmisible y conspira contra la neutralidad que cabe exigir de ellos, y que se expresa en la prohibición vigente de afiliación partidaria". "Es imperativo evitar toda demagogia en el planteo de estas cuestiones y preservar lo que la Constitución manda en la materia", enfatizó.

"La Argentina no ha elegido para sí misma cualquier forma de democracia: ha elegido la República", advirtió. "En la República los gobernantes están al servicio de la Ley, y no las leyes al servicio de los apetitos o deseos de quienes gobiernan; y la independencia de los jueces es la garantía para que eso se cumpla".

El comunicado también se refirió a las acusaciones que hizo la mandataria sobre los magistrados y funcionarios judiciales que sirvieron durante los años de la dictadura. "Después de treinta años de democracia, carece de sentido vincular al actual Poder Judicial" con ese proceso, sostuvo. "Todos los jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la designación del Poder Ejecutivo según mecanismos constitucionales", agregó.

Por otra parte, respecto a la eventual creación de nuevas instancias judiciales, indicó que "requiere una serena discusión teórica acerca de su conveniencia". "Es lícito sospechar que lo realmente buscado no es agilizar los procesos, sino crear tribunales superiores a los existentes, con jueces íntegramente designados a gusto de las actuales mayorías, que puedan modificar la jurisprudencia en un sentido favorable a la autoridad política", dijo.

En cuanto a la obligación de que los jueces paguen Impuesto a las Ganancias señaló que "la modificación que se haga en esa materia debe contemplar las transiciones necesarias para evitar la violación de la regla constitucional de intangibilidad de las remuneraciones de los jueces; y debe estar unida a la garantía de que no se utilizará la persecución fiscal como herramienta de presión sobre los jueces".

Aunque destacó que "hay que saludar con beneplácito la idea de una mayor transparencia judicial" mencionada por la jefa de Estado, subrayó que "sería deseable que esa política se extienda a todos los poderes y órganos del Estado, que se reactiven los organismos de control hoy paralizados y se implementen de modo efectivo los mecanismos de lucha contra la corrupción y de vigencia de la ética pública".

En una línea similar, se mostró de acuerdo con que "los mecanismos de ingreso al Poder Judicial en cargos administrativos o auxiliares necesitan efectivamente ser revisados y reemplazados por concursos transparentes", pero evaluó que "lo mismo cabe esperar del acceso a la administración pública (donde los mecanismos de selección están completamente desvirtuados por la multiplicación de contratados en función de su ideología o pertenencia partidaria, y no de su idoneidad), y en el Poder Legislativo".

Además, criticó "la prohibición de medidas cautelares o ejecutivas en contra del Estado" porque "sería la reedición de medidas ya tomadas en los años 90, para impedir o limitar el ejercicio de los derechos".