Gil Lavedra: “El Gobierno nacional busca asfixiar al Banco Ciudad”
El diputado radical se refirió así al proyecto de ley que postula que los depósitos de los tribunales federales y nacionales con asiento en Capital se realicen en el Banco Nación, y no como hasta ahora.
El oficialismo impulsa un proyecto de ley destinado a que los depósitos que los tribunales federales y nacionales con asiento en la Ciudad de Buenos Aires, que actualmente se colocan en el Banco Ciudad, deban ser realizados en el Banco Nación.
“Se trata de un paso más en el Operativo Ajuste para Todos , que pretende hacerles pagar la factura a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires y ahogarlas financieramente, para que dependan cada día má del Gobierno nacional, el más unitario que recuerde nuestra historia democrática”, afirmó por Continental el jefe del bloque de diputados nacionales de la UCR, Ricardo Gil Lavedra.
El ex magistrado reveló que “en el caso del Banco Ciudad, el proyecto oficial apunta a quebrarle el espinazo, para que la valiosa función que viene cumpliendo a través de administraciones de los más diversos signos políticos ya no pueda desarrollarse de igual forma. Este banco público, de sólida experiencia en el manejo de los fondos judiciales, destina un 57% de su cartera a préstamos de largo plazo para la vivienda y la producción, mientras que el Banco Nación sólo asigna a tales fines un 27%”.
“La decisión sobre el banco en el que deben colocarse los depósitos judiciales es, sin dudas, una típica facultad de administración, que la ley 23.853, de autarquía del Poder Judicial, atribuye a la Corte Suprema de Justicia. Cuatro años más tarde de sancionada esa ley, la reforma constitucional creó el Consejo de la Magistratura y dispuso, entre sus atribuciones (art. 114), “la administración del Poder Judicial” (primer párrafo) y “administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia” (3º párrafo, inciso 3º). Puede discutirse si la administración le corresponde a la Corte o al Consejo, pero desde la reforma de 1994 es claro que es en el ámbito del Poder Judicial en el que la administración debe realizarse” remarcó el constitucionalista.