Techint y otras empresas esperan la decisión de la Justicia por el decreto de necesidad y urgencia de Cristina Fernández que eliminó el tope del 5 por ciento de injerencia estatal en empresas con acciones de seguridad social que impuso Domingo Cavallo en 1994. Por Continental, el diputado radical Ricardo Gil Lavedra consideró que “el decreto de la presidenta es un acto de violencia a la Constitución. No tiene competencia para tomar una decisión de ese tipo”, enfatizó, y afirmó que “el Congreso, además, está imposibilitado para revisar los DNU”.

No obstante, aclaró que “no” está “en contra de que el Estado intervenga en el mercado de capitales”, pero “la decisión debe tomarse en el Congreso, y no por un decreto de necesidad y urgencia”. Para Gil Lavedra, “la Argentina tiene una tendencia fuerte hacia la ilegalidad. Un sector del pueblo deja que los presidentes tomen decisiones con total discrecionalidad”, se indignó.

Asimismo, desmintió en Magdalena Tempranísimo que hayan sido las corporaciones las que derrocaron a Arturo Illia. “Fueron los sindicatos, con paros permanentes, quienes desestabilizaron su gobierno. Hasta tal punto fue así que los militares, tras asumir el poder, le dieron a los sindicatos el manejo de las obras sociales” en la persona de Augusto Vandor, suboficial de la Armada Argentina y dirigente sindical del gremio de los metalúrgicos.