Después de la última violenta represión en Formosa a comerciantes y estudiantes que rechazaban la orden de confinamiento impuesta por el gobernador eterno de la provincia, Gildo Insfrán, la cosa se puso complicada para el mandatario, y recibió la recomendación del gobierno central: "hay que guardarse un par de meses".

Gildo se guardó, con la excepción de una nueva represión la semana pasada, que trascendió bastante poco, pero no le viene resultado, porque las reiteradas violaciones a los derechos humanos, especialmente durante el año de pandemia, llegaron a organismos internacionales. Fue tarde.

Según el informe, el estado formoseño usó “medidas frecuentemente abusivas e insalubres para prevenir la propagación del COVID-19″. Según se indica, unas 24 mil personas fueron confinadas de un modo que se consideró "detenciones arbitrarias”.

Por otro lado, también criticaron la actuación del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, dijeron que su investigación fue poco exhaustiva ni “documento las violaciones de derechos humanos” durante las represiones.

Human Rights Watch además, lamentó que Insfrán haya “restringido el trabajo de la prensa independiente para cubrir la situación en la provincia, habrían empleado excesivamente la fuerza contra quienes protestaban por las medidas relacionadas con el COVID-19 y, durante meses limitaron severamente la posibilidad de la población de la ciudad de Clorinda de trasladarse y acceder a atención médica”.