El gobierno decidió presentarse como querellante en la causa por el corte del puente de Gualeguaychú y demandará “con nombre y apellido” a los asambleístas que continúen bloqueando el paso internacional.

La medida fue anunciada por el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, quien advirtió que la resolución de la justicia entrerriana para desalojar a los manifestantes es de “cumplimiento imposible” porque los ambientalistas “no se van a notificar”.

"En lugar de notificar vanamente a quienes no se van a notificar, en lugar de poner a las fuerzas de seguridad a presionar hasta que tener que reprimir cuando nuestra política es no reprimir" se decidió este camino, explicó el funcionario en Casa Rosada, acompañado por el Ministro de Justicia, Julio Alak.

Fernández explicó que las demandas individuales abarcan figuras como sedición, la intimidación pública, el encubrimiento, el atentado y la resistencia a la autoridad, entre otros.

La denuncia fue presentada en el juzgado federal de Concepción del Uruguay por el procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.

La presentación inicia, también, una demanda civil contra los asambleístas por los perjuicios que causó el corte a comerciantes, el turismo y al comercio exterior.