El Gobierno formalizó, a través de la publicación en el Boletín Oficial, la creación de una oficina para investigar delitos económicos cometidos en la dictadura.

El organismo, que dependerá de la Secretaría de Derechos Humanos, se encargará de la recopilación de información.

Además, la nueva unidad generará un registro de víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica.