El oficialismo concedió este martes a la Corte Suprema el manejo del presupuesto del Poder Judicial y admitió que los magistrados puedan designar, sin mediar concurso, los cargos de mayor jerarquía, en las dos modificaciones que habilitó al kirchnerismo luego del reclamo de los jueces de todo el país.

Este miércoles, desde las 11.45 y en medio de una protesta organizado por partidos y sindicatos opositores, Diputados tratará los tres proyectos que son la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de tres cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares, en sesión especial.

El oficialismo precisa 129 votos, la mitad más uno de sus integrantes, para aprobar la reforma del Consejo de la Magistratura, y una mayoría simple para las otras dos iniciativas; mientras, el kirchnerismo en el Senado, como es habitual, respetará los plazos reglamentarios y tratará el resto de la reforma el próximo 8 de mayo.

Una de las dos modificaciones principales, la del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura, deja que continúe en manos de la Corte Suprema el manejo del Presupuesto del Poder Judicial, que será controlado por la Auditoría General de la Nación (AGN), y la selección de personal.

En tanto el otro cambio, que vino desde el Senado donde se discutió en comisión el proyecto la "ley de ingreso democrático e igualitario de empleados a la Justicia", corrigió el texto inicial y permite que los magistrados de las distintas instancias puedan designar, sin mediar concurso alguno, al menos un relator, un secretario y dos letrados.

No obstante en la Cámara Baja la reforma del Consejo de la Magistratura tuvo más de una veintena de modificaciones, entre las que se destaca la elección de los consejeros por voto popular, donde se estableció que solo se puede ser candidato por una sola agrupación o alianza, con reconocimiento en 18 distritos electorales y bajo la misma denominación, que hasta ahora era en los 24 distritos.

En sendos plenarios de comisiones, durante la jornada de este martes en la Cámara Baja se analizaron los tres polémicos proyectos que se discutirán en una horas en la sesión, en tanto en el Senado se debatieron los textos de ingreso democrático de empleados al Poder Judicial, la publicidad de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos vía Internet y de las causas judiciales por el mismo medio.

El lunes, en una reunión mantenida en Casa Rosada entre la presidenta Cristina Fernández; el secretario general de la Presidencia, Carlos Zannini, y los diputados nacionales Julián Domínguez, Agustín Rossi, Diana Conti y Jorge Landau, se decidió aceptar algunas modificaciones a la reforma, luego que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, acercara a la mandataria una carta con los reclamos de los magistrados de todo el país, firmada por el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, del 18 de abril último.

De aprobarse las modificaciones en los respectivos recintos, los proyectos en cuestión deberán volver a la Cámara de inicio de su tratamiento: la Reforma del Consejo; a la Cámara Alta, y la ley de ingreso al Poder Judicial a Diputados.

Varias voces de oposición se continuaron alzando contra la reforma como la de la fundadora del ARI y la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien denunció la existencia de "un acuerdo espurio" entre Lorenzetti, y la Presidenta.

"Acá hay un pacto entre el presidente de la Corte y la presidenta de la Argentina", aseveró Carrió y sembró dudas si el referido "acuerdo entre la corporación judicial y la corporación política" tendría como moneda de cambio será "un fallo favorable en la ley de Medios o rechazar todos los juicios por el cepo cambiario".

Su par de Unidad Popular Liliana Parada, en tanto, reconoció que es necesario "una reforma judicial" porque señaló que su sector que integra el inter-bloque FAP no defiende "el status quo del Poder Judicial" pero, en cambio, dijo impulsar "una reforma que le dé a la ciudadanía una efectiva participación en las decisiones y no una propuesta de partidización como la propuesta por el Ejecutivo".

El radical Ricardo Gil Lavedra, también, cuestionó el proyecto de creación de tres nuevas cámaras de Casación, al indicar que "da vergüenza que digan que es para acelerar" el funcionamiento de la justicia.

Al inició del plenario en Diputados, la ultrakirchnerista Conti reconoció la existencia del reclamo judicial en forma de carta al señalar: "Es nuestra intención tomar algunas de las sugerencias de nuestros jueces".