En nombre del Gobierno estarán el vicepresidente Amado Boudou y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quienes, según la Agencia Judía de Noticias, serían dos de los principales oradores en el homenaje.

La ceremonia fue convocada para las 14:45 en la esquina de Suipacha y Arroyo, de la Ciudad de Buenos Aires, donde funcionó la sede diplomática hasta el atentado.

Asistirán por el Estado de Israel el vicecanciller Danny Ayalon, quien se desempeñaba como cónsul al momento del ataque terrorista y también será uno de los oradores.

Junto a él estarán el ministro Yossi Peled y el embajador en la Argentina, Daniel Gazit, en una ceremonia donde se cree que podría oficializarse la noticia sobre la construcción de un nuevo edificio para que funcione la embajada, tal como trascendió en Israel el pasado lunes.

Al acto también fue invitado el jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, quien será el encargado de depositar una de las ofrendas florales en memoria de las víctimas.

"No le demos lugar al terrorismo" es la frase que motoriza este nuevo encuentro, al cumplirse dos décadas de la tragedia. Se estima que los discursos volverán a apuntar a la responsabilidad de Irán por el ataque.

Ayer, la Presidente decretó la reglamentación de la ley 26.690 que establece un resarcimiento económico a damnificados por este atentado, tanto víctimas fatales como heridos.

El 17 de marzo de 1992, a las 14:45, un coche bomba estalló en las puertas del edificio diplomático ubicado en Arroyo 910, casi en la esquina de Suipacha, en el atentado terrorista más brutal sucedido en la Argentina hasta que dos años después se atacó la sede de la AMIA.

En ese momento no sólo colapsó el edificio de la embajada, sino también un geriátrico, un convento y una iglesia, que estaban a pocos metros.

Aunque siempre se creyó que los muertos habían sido 29 personas, lo cierto es que sólo pudieron identificar 22 cadáveres.

La nómina se conformó con tres ancianas, tres albañiles bolivianos, un plomero paraguayo y uno italiano, el presbítero de la parroquia, tres peatones y un taxista que pasaban por el lugar, seis empleadas de la embajada, dos altos funcionarios y la esposa del cónsul.

La investigación para esclarecer la masacre estuvo a cargo desde el comienzo por la Corte Suprema de Justicia -por tratarse de una sede diplomática- y las diligencias incluyeron una cuestionada pericia en la que se hablaba de una "implosión".

En aquel momento la agrupación proiraní Hezbollah se adjudicó el ataque, la misma agrupación terrorista responsabilizada por el ataque a la sede de la AMIA, donde el 18 de julio de 1994 cayeron muertas 85 personas.

En mayo de 2006 la Corte Suprema adeclaró que el caso iba a continuar abierto, situación que alivió a los familiares de las víctimas, aunque no hubo avances concretos.

El único sospechoso que fue buscado por la Justicia fue Imad Mughniyeh, también con pedido de captura por la AMIA, pero murió en un atentado en el 2008 en Siria.