El fiscal federal Ramiro González promovió una investigación contra el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y contra el presidente de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, por no haber denunciado el supuesto "vaciamiento" de la línea de bandera cuando estaba en manos de empresarios españoles.

El fiscal impulsó la causa, tras una denuncia del senador radical Gerardo Morales, en la que se señala que los funcionarios responsables de Aerolíneas no denunciaron penalmente a la empresa española Marsans, la controladora de Aerolíneas hasta la reestatización.

En ese mismo contexto, González involucró en la investigación a la procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, por su responsabilidad como persona encargada de formular las denuncias ante episodios que damnifiquen al Estado.

Morales presentó en octubre una denuncia ante la justicia federal por los delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento por el vaciamiento de la compañía.

Entre otros argumentos, Morales adviritó entonces que desde el anuncio de la Presidenta, formulado el 17 de julio de 2008, hasta que el Congreso sancionó la Ley 26.466 que declaró la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas, el 22 de diciembre del mismo año; la deuda de la compañía trepó casi un 40%: de U$S 890 millones a U$S 1.200 millones.

En su escrito, además, Morales apuntó a que durante la administración conjunta entre el Estado y Marsans, se tomó una nueva deuda de 310 millones de dólares que no fue contemplada como parte de pago dentro del precio de expropiación de la compañía. También cuestionó que, a través de la AFIP, el Gobierno le condonó una deuda a Aerolíneas "que incluye a la gestión de Marsans".

Además, siempre según la presentación, se le habría condonado una deuda impositiva de 319 millones de pesos, el Estado se hizo cargo 500 millones de pesos de pasivo post concursal y en 2011 se pagaron otros 500 millones por un acuerdo preventivo de 2002.

El fiscal González le solicitó al juez federal Luis Rodríguez una serie de medidas de prueba, entre las cuales figura el reclamo de todos los antecedentes sobre Aerolíneas que haya elaborado la Auditoría General de la Nación (AGN) y los balances presentados ante la Inspección General de Justicia desde 2008.