El primer panel de la mañana estuvo concentrado en la discusión del rol de los impuestos en el escenario económico y en el efecto que esta política tiene sobre el sector agropecuario. De él participaron Orlando Ferreres, de Fundación Norte y Sur, y Ezequiel de Freijo, del Instituto de Estudios Económicos de la SRA.

El primero comenzó describiendo el entorno macroeconómico de la situación fiscal argentina, haciendo hincapié en el gasto público y en los ingresos tributarios. “Uno de los temas que más se nos ha complicado desde 1930 hasta la fecha es el gasto público”, afirmó. Y añadió: “A partir de 2007 este comenzó a desbocarse y a crecer sin parar, llegando este año –según se estima – a los 260.000 millones de dólares (en 2003 fue de 40.000 millones)”.

Por otra parte, continuó, los ingresos tributarios del sector público argentino también aumentaran significativamente en los últimos años. “Hay mucha presión sobre las actividades productivas y, cuando uno tributa mucho sobre esta para pasar a las otras (que son burocracia y todo gasto), en algún momento la situación se cae”, especifico Ferreres.

“Imagínense lo productivo que es el agro, que aumentó 100 veces su volumen de producción física en estas circunstancias extraordinariamente adversas y soportando este peso fiscal”, concluyó el especialista.

Ezequiel de Freijo, por su parte, destinó su intervención a dos tópicos distintos pero relacionados: las razones que llevaron a que la producción agrícola se estancara desde 2007, por un lado, y el hecho de que el campo tributó un 58% más que el resto de las actividades económicas, por el otro.

El estancamiento de la actividad agrícola –explicó –, responde a tres factores: el deterioro de la macroeconomía, la alta carga tributaria que presiona al sector y las distorsiones comerciales generadas a partir de las políticas impulsadas por el Gobierno Nacional.

“Entre nacionales, provinciales y municipales, hay más de 20 impuestos que gravan al campo. De ellos, el que más impacta son las retenciones, que significan más del 60% estimado del total”, afirmó de Freijo. En total, según estudios de ACREA y FADA, la carga tributaria que recae sobre el sector gira en torno del 73 al 89%, haciendo que “la ‘cosecha’ del productor sea casi la misma que hace 12 años”. Dicho de otro modo, “la presión fiscal deterioró la potencialidad de crecimiento del sector” y el contador estima “que esto se agravará para esta campaña”.

Por este motivo, de Freijo concluyó: “En la década en la que el mundo acentuó la importancia estratégica de alimentos, poniéndola en el primer lugar, la Argentina se quedó sin limón y sin limonero”.

Más presión y más incertidumbre

El segundo panel de la jornada profundizó en los temas que agravan la presión tributaria y generan incertidumbre fiscal a los productores. En él estuvieron presentes Santiago Sáenz Valiente, Fernando Toma, Maximiliano Knüll y Tomás Wilson Rae, todos contadores públicos y miembros del comité fiscal de la SRA.

“La estructura impositiva actual es totalmente distorsiva, ya que no mide la capacidad de contribución real económica y financiera de cada persona, carece de equidad y de normas que incentiven el desarrollo, posee impuestos regresivos, le falta progresividad en el impuestos a las ganancias, tiene costos administrativos excesivos y es de confiscatoriedad global (con las retenciones o otros impuestos”, explicó Santiago Sáenz Valiente, primero de los panelistas en exponer su punto de vista.

Asimismo, el contador asemejó la inflación al diablo ya que “muestra las apariencias y esconde las realidades” y explicó que “la situación por falta de ajuste por inflación es complicadísima y muy perjudicial”.

Fernando Toma, por su parte, explicó el proceso de reintegro del IVA al productor, cuyo valor alcanza el 87,5% de la retención a la venta de granos y el 50% en la de arroz. Si bien el plazo máximo acordado por ley para que la devolución sea realizada es de 60 días, las moras son comunes ya que “la AFIP no respeta los plazos establecidos por la normativa vigente”. Esta situación “agrava el problema del diferencial de alícuota entre ventas (10,5%) y compras (21%)”, y lleva a que “el productor pierda ‘neutralidad’ ante el impuesto”. En consecuencia, enfatizó Toma, “los productores estamos financiando a tasa cero al Estado”.

Maximiliano Knüll, a su vez, habló sobre el tratamiento de los inmuebles rurales y si se encuentran o no gravados por Bienes Personales. Según explicó el contador, dicha ley establece que los inmuebles rurales, que están gravados por Ganancia Mínima Presunta, se encuentran exentos, pero, para el Fisco Nacional, esto no es así. De aquí que los productores deben decidir cómo declarar su propiedad rural.

El primer punto a tener presente –afirmó Knüll–, es el principio de legalidad. “No podemos permitir que el Fisco, con una norma de categoría menor, contradiga una ley nacional”, enfatizó.

El último en exponer fue Tomás Wilson Rae, quien analizó el impuesto inmobiliario rural, al que definió como “un impuesto objetivo y directo que cae sobre la tierra”. En este sentido –reparó–, “la capacidad contributiva es la capacidad productiva que esta tiene”.

Según recontó el contador, en 2012 la Provincia de Buenos Aires revaluó, por decreto, el monto que se paga, pero “esta medida era inconstitucional ya que un impuesto no puede ser modificado por decreto, solo por una ley nacional o provincial. Hacia mayo de 2013, sin embargo, se creó, también por decreto, un nuevo impuesto llamado inmobiliario complementario que “lo que hace es aumentar una vez más la carga impositiva (no trasladable) sobre un terreno”. Si bien no pudo analizarlo con profundidad, Wilson Rae finalizó su exposición cuestionando: “¿Es este un impuesto inmobiliario o un impuesto al patrimonio (a los bienes personales)?”.