La Cámara Federal porteña rechazó una serie de planteos de nulidad de la ex secretaria de Ambiente Romina Picolotti y así dejó firme la acusación contra la ex funcionaria por delitos de corrupción.

Fuentes judiciales informaron que la Sala II de la Cámara rechazó los pedidos de nulidad que la defensa de Picolotti presentó contra su llamado a indagatoria y las dos declaraciones que efectuó ante la jueza federal María Servini de Cubría.

Así, los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Farah y Martín Irurzun dejaron a Picolotti más cerca de ser enviada a juicio oral.
 
Servini de Cubría procesó a Picolotti por administración fraudulenta en perjuicio del Estado porque entre 2006 y 2008, según la investigación, utilizó fondos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) para gastos personales, como regalos de lujo y vuelos en aviones privados.

Uno de los gastos más excéntricos que detalló la jueza en el procesamiento fueron 77,5pesos en el local 'Hooters', "conocido por ser atendido por señoritas de medidas generosas y sueltas de ropa", describió.

"Este comprobante posee escrito en su parte superior 'Muchas Gracias!!!!' con signos de exclamación, a modo de cómplice agradecimiento por parte de quien concurrió al local e hizo los consumos con dinero público", explicó la magistrada en su resolución.

La Cámara Federal confirmó el procesamiento de Picolotti y luego la defensa de la ex funcionaria objetó el llamado a indagatoria y las dos declaraciones que realizó ante la jueza Servini de Cubría.

"El llamado a prestar indagatoria resulta materia discrecional del Juez como director del proceso y no requiere otro fundamento que su convicción en punto a la sospecha de que una persona ha participado en la comisión de un delito", explicaron los camaristas en su fallo.

El tribunal agregó que "la lectura del expediente revela que la convocatoria dispuesta en dichos términos guardaba relación con la instrucción llevada adelante en el Juzgado y con el cúmulo probatorio reunido hasta ese momento, y en base al cual la Magistrada pudo razonablemente estimar reunido el grado de sospecha necesario sobre la vinculación de la imputada Picolotti con el hecho investigado para proceder en tal sentido".

Los camaristas también señalaron que en las dos indagatorias de Picolotti "se han observado las formalidades previstas por los arts. 295 y ss. del código de forma, en tanto que se hizo saber a la imputada sus derechos a nombrar un letrado defensor de su confianza; a que estuviera presente en el acto -los cuales en sendas ocasiones ejercitó-, y a negarse a declarar sin que ello pudiere ser utilizado en su contra, por lo que de hecho optó en ambos casos, efectuando su descargo por escrito".