La causa por las bóvedas vuelve a Buenos Aires y no tiene juez definido
El juez porteño Sebastián Casanello se declaró incompetente, pero por una cuestión formal su par en Santa Cruz ahora le devolvió el expediente.
La causa por la supuesta existencia de bóvedas en la casa del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz y que fueron modificadas recientemente según una denuncia de la diputada Elisa Carrió todavía no tiene juez definido, y tras un rechazo de la Justicia Federal de Río Gallegos el expediente vuelve a Capital Federal.
Se trata de la causa en la que el juez federal de la Capital Federal Sebastián Casanello se declaró incompetente al considerar que los hechos denunciados ocurrieron en el sur.
Pero hoy la jueza subrogante Ana Álvarez resolvió que el expediente vuelva a Casanello, a raíz de una cuestión formal, y ahora este último magistrado tendrá que definir si finalmente se la queda o bien la vuelve a enviar hacia Santa Cruz.
Ayer, el fiscal Guillermo Marijuán había apelado la declaración de incompetencia de Casanello ante la Cámara Federal al considerar que los hechos guardan relación con la investigación por lavado de dinero que ambos llevan adelante.
De quedar trabada la competencia entre Casanello y la jueza sureña, intervendrá la Cámara Federal para definir quién de ellos debe investigar el caso.
Denuncia contra Casanello
En simultáneo, la diputada Elisa Carrió denunció este jueves penalmente al juez Casanello por su decisión de incompetencia y por haberse negado a realizar un allanamiento en una baulera en la localidad de Tigre en donde se sospecha que se ocultaron cosas que se sacaron de “La Rosadita”, la financiera que funciona en Puerto Madero y que es clave en toda esta investigación.
Carrió también denunció al titular de la PROCELAC (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos), Carlos Gonella, y al integrante de la Unidad Omar Orsi, ya que en un primer requerimiento que ellos firmaron impulsando la investigación por lavado de dinero no acusaron a Lázaro Báez.
La diputada apuntó, además, contra la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, y dijo que ella junto con otros funcionarios judiciales frustraron la investigación. La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi.