En un comunicado conjunto advirtieron que "la conformación de una comisión de la verdad no está contemplada por las leyes argentinas que regulan el proceso penal, lo que implicaría una declinación de nuestra soberanía y un reconocimiento de que las conclusiones a las que se llegó en la investigación judicial, y que dieron lugar a los pedidos de captura de Interpol, no son la verdad ".

"Tengamos presente la tarea de nuestros fiscales y las votaciones de la Secretaría y la Asamblea General de Interpol que dieron curso a los pedidos de captura y a las circulares rojas"", consignó el parte difundido por la Agencia Judía de Noticias.

De acuerdo con el informe, se resaltó que "en aquella oportunidad, la comisión de asuntos jurídicos de Interpol, ante la destacada labor de los fiscales argentinos que expusieron en esa oportunidad, resolvió que las pruebas eran suficientes y aptas para requerir las capturas".

Finalmente, manifestaron AMIA y DAIA que "ignorar todo lo actuado por la justicia argentina y reemplazarlo por una comisión que, en el mejor de los casos, emitirá, sin plazo definido, una "recomendación" a las partes, constituye, sin dudas, un retroceso en el objetivo común de obtener justicia. Cualquier comisión a crearse no puede tener otra función que la de controlar o fiscalizar la legalidad de las indagatorias"