La Justicia federal de Argentina ha dispuesto la realización de un peritaje contable con el objetivo de determinar si existieron irregularidades en la evolución patrimonial de la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Esta medida se deriva de la reapertura de una causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito, impulsada por la Cámara Federal de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires a finales del año 2024. 

La investigación está siendo liderada por el fiscal federal Gerardo Pollicita, quien busca esclarecer la declaración de bienes de Fernández durante el período comprendido entre 2009 y 2015. En este sentido, se procederá al análisis de ocho aspectos clave que incluyen, entre otros, propiedades ubicadas en las ciudades de Río Gallegos y El Calafate, la relación de la exmandataria con la empresa Austral Construcciones, propiedad de Lázaro Báez, así como la transferencia de terrenos y la correcta declaración de plazos fijos y depósitos en dólares. 

El peritaje, que fue ordenado el 26 de diciembre, coincidiendo con el inicio de la feria judicial, también evaluará las cuentas bancarias de la expresidenta y de su grupo familiar, así como los movimientos financieros asociados a las sociedades en las que participó. Se prestará especial atención a los ingresos declarados en relación con el nivel de gastos y se investigarán posibles inconsistencias en la documentación que respalde su crecimiento patrimonial.