El narcotráfico comenzó a jugar un rol en la Argentina bastante antes que su influencia mermara en Colombia. Se decía que eramos un “país de paso”. Esto implicaba que nuestro Estado ofrecía las suficientes facilidades para que, la droga producida en otros territorios de América Latina, alcanzase mercados “compradores” con mayor facilidad saliendo de nuestro país que de cualquier otro. Es decir, para vender droga a Europa, era complejo hacerlo desde Uruguay (por ejemplo) y sencillo sacarla por Argentina. Ese fue el primer paso.

El Plan Colombia acorraló a los narcos en ese país, que se vieron obligados a emigrar. Muchos de ellos recalaron en México, pero con cierta dificultad, porque allí el fenómeno ya se encontraba bastante desarrollado. Es decir, los narcos colombianos encontraron una fuerte competencia local y entrar en el “mercado” implicaba iniciar una “guerra” inmediata. Debilitados en términos bélicos, como venían de las sucesivas derrotas en Colombia, la mayoría decidió que el mejor destino era al sur, justamente ese país que ofrecía grandes facilidades para “exportar” a Europa y Estados Unidos, que también resultaba lo suficientemente flexible y maleable para instalarse, producir y aprovechar además el potencial “consumo interno”.

Para empezar, el arribo de delincuentes internacionales de este tipo a nuestro país es al menos fácil. Por una interpretación radicalmente laxa del Preámbulo constitucional, cualquier extranjero ingresa a la Argentina sin que se le pregunte qué viene a hacer. Se instala y comienza sus actividades sin control ninguno, y el Estado le pierde el rastro en cuestión de minutos. La Constitución Nacional en su Preámbulo, menciona a “todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”. Es una política constitucional de “fronteras abiertas”, pero no eso no implica que no se trate de un derecho a regular, y tal regulación debe basarse en la coyuntura política y social de acuerdo a la naturaleza de los tiempos. Pero el control migratorio en nuestro país es nulo, desde siempre y en todos los gobiernos.

Las facilidades en Argentina no solamente son en términos legales e institucionales. Es decir, no se trata únicamente de que las normas son deficientes, se aplican mal o no se aplican, y además el Estado es débil. Existe un orden social creado a lo largo del tiempo por esa debilidad, que ha generado que sectores territoriales no sean controlados por el “Estado formal”.

En nuestro país existen “estados paralelos” o si queremos llamarlos a la colombiana, “mini territorios liberados”. Cuando todos sabemos que “la policía no entra a la Villa X”, también deberíamos saber que allí rige otro Estado, con otras normas diferentes, cuyos “administradores” no son conocidos mucho más allá de la frontera territorial que controlan (al menos no lo son por el ciudadano común), pero que dictan las reglas, imparten su particular justicia e imponen el sistema económico del territorio.

Ese grupo que “administra” tal “Estado” dentro del Estado formal es quien tiene la potencia económica que otorga el narcotráfico, las armas y la decisión de hacer uso de la violencia. Los habitantes de esos territorios pueden vivir y alcanzar cierto estándar si forman parte del sistema económico del “adentro”, obtienendo incluso status social en ese “adentro”, si participan de las actividades económicas del grupo dominante, es decir, si son parte del negocio narco. Las diferencias o conflictos internos que se producen dentro del grupo social son dirimidos justamente por ese sector dominante, dueño de la potencia económica, las armas y la violencia. Si dos vecinos se enfrentan, recurren a ese grupo para que ajusticie a quien crea conveniente y reestablezca el “orden”.

Si bien esto funciona de tal modo, al menos desde los ’90, el arribo de los poderosos narcos colombianos, incrementó el negocio. Los líderes originales se “asociaron” con los colombianos, que elevaron la cantidad y el nivel de las operaciones con capital propio, generaron producción local, y aportaron “compradores” externos de un volumen que los argentinos ni soñaban antes de su llegada. Esto generó que el negocio se amplíe territorialmente y en volumen de ciudadanos participantes. Cada vez hace falta más gente para llevar adelante el emprendimiento y, a la vez, hay cada vez más consumo interno, incluso en muchos sectores sociales que para mantener la adicción, deben trabajar para el sistema narco.

En términos de consumo interno, el sistema se retroalimenta: trabajo para ellos vendiendo, para poder con el fruto de mi trabajo, comprar. Para ello debo ampliar la clientela, porque si no quiero desatar la violencia no puedo inmiscuirme en los grupos compradores de otro.

El primer origen de este estado de cosas, se produce porque, en algún momento, el Estado se ha retirado de ciertos sectores territoriales, sea por causas políticas, económico-financieras o ideológicas. El poder estatal relacionado con el monopolio del uso de la fuerza no existe, en buena parte del país, y otros actores sociales, la mayor parte relacionados con la delincuencia, ejercen ese monopolio y por ende el poder estatal de hecho.

Esos territorios no gozan del mismo poder estatal orgánico que se observa en en los barrios de clase media de la Capital. En cada una de esos asentamientos, no ingresa la policía del Estado. Con variadas excusas, válidas o no, el órgano estatal encargado de ejercer la violencia legítima interna, se ha retirado. Pero también lo han hecho todos los demás aspectos del Estado: no hay escuelas, ni hospitales, ni salas de primeros auxilios, ni ninguna versión del Estado.

El diseño urbano de dichos asentamientos complica el accionar policial y facilita el delictivo, por lo que la opción tomada por el Estado fue abandonar sus funciones en tales territorios. Así las cosas el poder estatal no de derecho pero si de hecho, es ejercido en cada una de esos territorios, por bandas de delincuentes.

Así como aquellos que se insertan en la mecánica del grupo dominante obtienen prestigio y expectativas de crecimiento, quien pretende mantenerse fuera, e intenta mantener los principios sociales del Estado formal que abandonó su lugar y respetar sus leyes, es marginado por el pequeño estado de su asentamiento y también por el Estado exterior de derecho, y carece de toda aspiración. Conseguir trabajo en el afuera es una aventura teniendo domicilio en el adentro (vgr: en un asentamiento con “mala fama”) es casi imposible.  Por lo tanto el abandono del Estado de Derecho de sus funciones específicas que le son inherentes y que hacen que un Estado sea tal, no solo libera las manos de los delincuentes actuales, sino que genera un impulso hacia el delito, aún de quienes se resisten a abrazarlo.

Estas bandas que implican el poder estatal en cada uno de tales asentamientos y que han crecido descomunalmente con el “aporte colombiano”, empiezan a tener la necesidad de expansión territorial como producto de la expansión económica y del grupo de gente que trabaja para ellos. Así las cosas, las bandas que manejan los asentemientos humildes, tomando a los trabajadores de rehenes, empiezan a chocar entre ellas, con el objetivo de dominarse. Eso es lo que aparentemente hemos visto ayer, o cuando se producen los enfrentamientos en el estacionamiento de un shopping.

Ese es el cuadro de situación. Puede profundizarse en todos sus aspectos, especialmente en cuanto a las complicidades, puede analizarse como Colombia salió de una situación más grave que la nuestra actual y podemos proponer cambios en el sistema normativo para facilitar el control de la delincuencia organizada. Pero hay que entender con claridad que el problema se agrava minimizándolo, y que el camino de “no retorno” esta solamente a unos pasos. Hoy es tarde, mañana es tardísimo.

* El portal Infobae tuvo la gentileza de publicar el presente artículo a este autor, el día 10 de marzo de 2014, hace casi 8 años