El juez federal Norberto Oyarbide citó a declarar al ex superintendente de Servicios de Salud de la Nación, Héctor Capaccioli para el próximo 5 de octubre.

Al ex funcionario se lo acusa de no controlar la entrega de subsidios a las obras sociales y de financiar la campaña de Cristina Fernández de Kirchner y Julio Cobos con fondos provenientes, entre otras cosas, de laboratorios implicados en la “Mafia de los Medicamentos” y la llamada “Mafia de la Efedrina”.

También para esa misma fecha fue convocado a indagatoria el ex ministro de Salud bonaerense Claudio Zin; el ex superintendente de Servicios de Salud, Juan Carlos Rinaldi (sucesor de Cappaccioli); el ex legislador porteño Sebastián Gramajo, y el director de Lotería Nacional Luis Comparatore.

En esa causa está preso y procesado el jefe del gremio bancario, Juan José Zanola.

"Todos los llamados son de personas que tienen vinculación con la asociación ilícita que se investiga”, precisó la ex ministra de Salud de la Nación, Graciela Ocaña, una de las impulsoras de esta investigación y principal aportadora de documentación.

“En abril último, la Cámara Federal le había solicitado al juez –confirmando los procesamientos de las personas involucradas- que profundice dos aspectos: uno relacionado con la ruta del dinero y otra que se profundice la responsabilidad de los funcionarios. Lo que la Cámara pide determinar es cómo o quiénes en el Estado permitieron que todo esto pudiera suceder”, remarcó la ex funcionaria.

“Oyarbide dice que puede probar que esta asociación ilícita existe desde el 2003 en adelante”, afirmó Ocaña.

Néstor Lorenzo, titular de la Droguería San Javier y pieza clave de la investigación. “La Cámara revela comunicaciones telefónicas de algunos de ellos, incluso ya sin ser funcionarios. Lorenzo es el tipo de empresario que hace negociados con el Estado; en los ’90 vendía leche en mal estado a los planes sociales y luego medicamentos. Es uno de esos personajes que se esconden tras el anonimato y sus condiciones políticas y sindicales”.

Lorenzo era proveedor de insumos a la obra social bancaria que comandaba Zanola, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado por el tribunal.

“La Superintendencia tenía un control directo sobre las obras sociales”, remarcó Ocaña.

Con estos llamados “se da un paso importante. Es una causa compleja: hay más de 30 personas procesadas, muchas de ellas en prisión; hay mucho material secuestrado por la justicia. Para cerrar el círculo, investigar la ruta del dinero es clave para desentrañar la corrupción”.