Alejandro Fargosi, miembro del Consejo de la Magistratura en representación de la corporación de los abogados, presentó una nueva denuncia contra el juez federal Norberto Oyarbide por frenar un procedimiento ante el pedido de coima de los policías. Por Continental, dijo que ninguno de sus reclamos prosperó porque el magistrado “cuenta con protección de parte del kirchnerismo”. En La Mirada Despierta, consideró que el accionar de Oyarbide “fue malo e impune”.

"Apenas me enteré de esto he pedido formalmente que la cámara federal que está investigando el tema nos mande copia del expediente para no demorar el de ellos y comenzar a investigar nosotros cuanto antes porque es muy grave". La suspensión de un allanamiento es una medida muy grave, pero en este caso, por partida triple. En primer lugar porque la llamada fue hecha por el poder Ejecutivo, no por el propio Poder Judicial. En segundo lugar porque la suspensión se ordenó a resultas de lo que parecería un ilícito policial. Y en tercer lugar porque la suspensión de un allanamiento lo arruina", se explayó Fargosi.

Fargosi explicó que, ante un eventual hecho de esas características, el juez debería "haberse apersonado en el lugar donde se producía el problema, además de ir con más policías para desplazar a los que se dice que cometían un ilícito, hasta detenerlos, y continuar con el allanamiento".

Oyarbide quedó en la mira luego de admitir en un sumario interno frenó un operativo en una financiera por un pedido de Carlos Liuzzi, segundo de Carlos Zannini en la Secretaría Legal y Técnica. El propio magistrado habló del caso en la puerta de su casa y hubo una fuerte reacción del arco opositor.

El 19 de diciembre pasado, personal de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal (DIFOC), allanó las oficinas de la Asociación Mutual Propyme, una financiera muy conocida en el mercado de dinero. Los policías llevaban una orden de allanamiento firmada por el juez Oyarbide y por su secretario Carlos Leiva. Según denunciaron el dueño de la financiera Guillermo Greppi y su abogado Fernando Torres, los policías se comportaron de forma violenta, y pidieron una coima para evitar el allanamiento. Hubo gritos, discusiones, reuniones en privado entre los policías y los que mandan en la financiera. Finalmente el juez Oyarbide, que no estaba en el lugar, llamó y paró el operativo.

Greppi y Torres se presentaron ante el mismo Oyarbide y contaron todo lo sucedido. Oyarbide realizó la denuncia y quedó a cargo de esa investigación el juez federal Luis Rodríguez. En ese expediente declararon los empleados de la financiera y Greppi y Torres, quienes mantuvieron sus dichos respecto de la actuación policial y del pedido de coima para no realizar el allanamiento. Los policías de la DIFOC señalados por los denunciantes son Fabio Ascona y Ángel Castro. Según dijeron en Tribunales los de la financiera, les pedían 300 mil dolares para no hacer el operativo. Y ante las llamadas que Greppi hacía a distintas personas de diferentes estamentos del poder, los policías les recomendaron no hablar con nadie más porque ellos no recibían órdenes de ningún otro que no fueran el juez y su secretario.