“El conflicto es porque la Ciudad se niega a incorporar a personal que no estaba dentro de las empresas. Pero los porteños no tenemos por qué pagar más de costo…son 11 mil millones de pesos de contratos”, remarcó Graciela Ocaña, al enfatizar: “no se entiende muy bien cuál es el accionar de la Ciudad en esto”.
 
La legisladora porteña de Confianza Pública se refirió así al problema de los trabajadores recolectores de residuos que no cumplieron con su tarea los últimos días.
 
“Los intereses de los vecinos de la Ciudad y los intereses de Moyano entran en crisis con este contrato”, remarcó.