Mientras que el ministro de Justicia, Julio Alak, pidió promover una ley penal juvenil, el ministro del Interior, Florencio Randazzo advirtió que la justicia ya tiene herramientas para actuar y se mostró en contra de bajar la edad de inimputabilidad. Por su parte, ministro bonaerense Ricardo Casal, señaló que existe un ‘vacío legal’ en materia de penalidades juveniles.

En ese marco, Mauricio Macri, que apoya bajar la edad de inimputabilidad, abogó por la necesidad de un fuerte debate en un contexto que calificó de ‘hipócrita’.

El juez de Garantías del Joven en La Matanza, Rodolfo Brizuela, estuvo internado dos años en un instituto de menores cuando tenía siete años.

“No hay vacío legal, tenemos las leyes tanto a nivel nacional como provincial. Lo que sucede es que nos encontramos con dos categorías de chicos, los imputables y los inimputables, que no puede ser sometido a un proceso penal en razón de la edad y no llegará a una condena”, comenzó el magistrado.

En ese caso, prosiguió, “como juez tengo que pasar a ese menor a disposición de servicio local o zonal de protección del chico y a su vez trasladarlo a un juez de familia”.

“Un juez de Garantías puede pedir que se encierre a ese joven hasta 180 días. Luego, si el juez de Familia considera que se debe extender ese plazo lo deberá decidir él”, señaló en Antes que Mañana.

Establecimiento de características cerradas. “Ahí nos encontramos con un gran problema porque no tengo el lugar. A eso se suma la doctrina internacional que establece que lo último que hay que hacer con el chico es privarlo de la libertad”, remarcó Brizuela.

“Una cosa es privar de la libertad y otra es encerrarlo en un instituto para rehabilitarse de su problema de riesgo, principalmente las adicciones. Pero hay que tener en cuenta que el chico tiene una historia y lo único que aprendió es a actuar en la violencia”, señaló el juez de Garantías provincial.

“Durante más de 50 años no se tomaron medidas. Yo no pido encierros absolutos, yo no pido cárceles para niños sino un establecimiento adecuado para hacer algo con un chico que comete un hecho tan grave como el de Tolosa”, dijo.

“Este es un tema de decisión política. Yo tuve un chico inimputable por caso de homicidio y dicté una medida de seguridad pero su defensa apeló. Afortunadamente, la cámara entendió mi decisión pero cuando quise alojar al chico en una institución no encontré una comunidad terapéutica en la provincia”, lamentó Brizuela.

Su historia. “Me separaron mal de mi madre, me golpearon en la institución donde me llevaron. Ahí entendí que un chico debe ser respetado”, relató.