El Procurador General de la Nación consideró que que corresponde a la Justicia bonaerense, y no a la Corte Suprema, la jurisdicción para decidir sobre la constitucionalidad o no de las reelecciones de intendentes de esa provincia. Eduardo Casal consideró que, por “respeto a las autonomías provinciales”, es el Poder Judicial de cada provincia el que debe intervenir en este tipo de casos.