El fiscal Martín Niklison pidió las máximas penas previstas en la legislación, 50 años de prisión a cumplir en cárcel común, para los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone por el plan sistemático de robo de bebés de desaparecidas.

Al concluir este martes al mediodía su alegato en el juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal 6, el representante del Ministerio Público pidió idéntica pena de medio siglo de cárcel para los máximos responsables de la ESMA, Jorge El Tigre Acosta, y los ex almirante Oscar Franco y Antonio Vañek.

Niklison pidió también que, a partir de los testimonios vertidos durante el juicio, se investigue al ex capellán de la Armada y titular del Vicariato Castrense, Alberto Emilio Graselli, por su "posible complicidad" y encubrimiento de la sustracción de chicos nacidos en cautiverio de sus madres en la maternidad clandestina que funciona en la Escuela de Mecánica de la Armada.

En el mismo sentido pidió que se investigue al denominado Movimiento Familiar Cristiano, a través del cual se entregaron esos bebés a represores o familias afines a la dictadura.

En tanto, para el ex comandante de Institutos Militares, general Santiago Omar Riveros, la fiscalía pidió 30 años de prisión por su responsabilidad en la maternidad para secuestradas que funcionó en el hospital militar de la guarnición de Campo de Mayo El fiscal pidió además la pena de 19 años de prisión al médico Jorge Luis Magnaco, que atendía los partos en la ESMA; 25 años para el prefecto Antonio Azic, que sustrajo y cambó de identidad a la ahora diputada nacional Victoria Donda; y 17 años para Eduardo Ruffo, por el atenuante de que reveló oportunamente el destino del hijo de la ciudadana uruguaya Sara Rita Méndez.

También pidió una pena de 25 años para Antonio Gallo y 14 años para su mujer Susana Colombo, responsables de la apropiación de Francisco Madariaga, uno de los últimos nietos recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.