La administración porteña presentó ante la Justicia un amparo por mora que pide que se destrabe la importación de las pistolas Taser, el cual está demorado por el Gobierno, desde donde informaron que no lo autorizan por cuestiones “ideológicas”.

En el documento presentado, el distrito de la ciudad acusó al Ejecutivo de “demonizar” su uso, y argumentó que esta forma de defensa es utilizada por las fuerzas de seguridad de “casi todos los países del mundo”.

En Mayo de 2021, se adquirieron 60 dispositivos Taser modelo X2, aprobados por la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), y por el funcionario Ramiro Urristi, quien fue despedido por el Gobierno tras autorizar dicha compra. Desde entonces está trabado el ingreso del producto al país.

“El problema del Gobierno nacional es ideológico: llegaron a comparar las Taser con las picanas de la dictadura”, dijo el Ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D´Alessandro, y agregó que “en el siglo XXI, y en casi todos los países del mundo, se utilizan estas pistolas de baja letalidad”.

“Demonizaron el uso de estas armas y trabaron una herramienta fundamental para la seguridad de los 3 millones de porteños y las casi 4 millones de personas que diariamente ingresan a la Ciudad”, sostiene D´Alessandro, y apuntó contra el Kirchnerismo de ser responsable de los retrocesos en matera de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires.

En el reclamo que se elevó a la Justicia, el distrito porteño recalcó la importancia de las pistolas en espacios reducidos, para ser utilizadas ante posibles agresores, ya que los inmoviliza con una descarga de 400 voltios por cuatro segundos. En el escrito, se citó el evento ocurrido con el artista Chano Charpentier, al que un efectivo Bonaerense le efectuó un disparo en el abdomen tras intentar ser apuñalado. Situación que se podría haber controlado con una leve descarga y no dejarlo al borde de la muerte.

La administración de la Ciudad, dirigida por Horacio Rodríguez Larreta, anticipó unos meses atrás que si no se avanzaba con la importación, recurrirían a la Justicia, ya que el producto fue autorizado, pero el ingreso al país sigue pendiente de resolución en la ANMAC.