La Justicia Federal dictó una medida de no innovar en parte de los accesos a la guarnición militar de Campo de Mayo, al considerar que existen elementos que permiten suponer que en ese lugar podría haber funcionado otro centro clandestino de detención y exterminio durante el terrorismo de Estado, en base a fotogramas aportados por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA).