El diputado nacional por el Frente para la Victoria, Carlos Kunkel, elaboró y presentó este jueves un proyecto de ley para avanzar en la expropiación del 24% de las acciones de la empresa Papel Prensa, al declarar de "utilidad pública y sujeto a expropiación" dicho porcentaje del patrimonio.

De prosperar, el Estado que en la actualidad controla el 27,46% de las acciones más el 0,62% que está en manos de la agencia de noticias Télam, pasará a convertirse en socio mayoritario. En la actualidad el Grupo Clarín cuenta con el 49% de las acciones mientras que el diario La Nación posee el 22,49% de las acciones.

La iniciativa que acaba de ingresar por mesa de entradas en la Cámara Baja cuenta también con las firmas de otros diputados del oficialismo como Diana Conti, Dulce Granados, Adriana Puiggrós, Andrea García, María Teresa García, Gastón Harispe y Graciela Giannettassio.

En su texto el proyecto precisa que deberá dejarse constancia que la expropiación de las acciones es por causa de utilidad pública y que se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus integrantes.

También se aclara que el Poder Ejecutivo será quien actuará como expropiante y que la tasación la efectuará el Tribunal de Tasaciones de la Nación.

Se estipula además que Papel Prensa seguirá operando como una sociedad anónima abierta "no siéndoles aplicables legislación o normativa administrativa alguna que reglamente la administración, gestión y control de las empresas o entidades en las que el Estado nacional o los Estados provinciales tengan participación".

El proyecto indica también que el día de la promulgación de la ley, la Comisión Nacional de Valores convocará a una Asamblea de Accionistas con el propósito de tratar, entre otros asuntos, la remoción de la totalidad de los directores titulares y suplentes y de los síndicos titulares y suplentes y la designación de sus reemplazantes.

En diciembre de 2011, el Congreso de la Nación había aprobado una ley que declaraba de interés público la producción y distribución de papel para diarios y que habilitaba al Estado a incrementar eventualmente su participación en la empresa Papel Prensa, aunque hasta el momento no hubo avances concretos en ese sentido.