El Gobierno dio a conocer un punteo de elementos con las principales acciones y objetivos que contempla el Proyecto de ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral que elevará al Congreso Nacional, según anunció la presidenta Cristina Fernández.

En cuanto al proyecto, el objetivo central de la política es reducir, en la medida de lo posible, los costos laborales no salariales para aquellas empresas de baja productividad. El proyecto apunta a fortalecer las facultades nacionales para llegar mejor a regiones y sectores rurales donde el Estado Nacional llega menos y en los cuales el trabajo no registrado convive muchas veces con actividades que tienen niveles de rentabilidad altísimos.

Por otra parte, se creará el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales que incluirá a todas las empresas que no registren a sus trabajadores, que contraten a niños o adolescentes fuera de los límites legales y que incurran en trata de personas para el trabajo forzado.
Además, las empresas que tengan infracciones, se las incluirá en el Registro y se le aplicará por ello restricciones que irán, desde la anulación de subsidios estatales hasta la pérdida de beneficios impositivos.

En cuanto a las leyes que se asemejan al nuevo plan, se amplían dos instrumentos que fomentan la contratación de trabajadores formales. Por un lado, la Ley 26.476 que prevé beneficios para la contratación de nuevos trabajadores, incluirá mayores incentivos a las pequeñas empresas. Mientras que los Convenios de Corresponsabilidad Gremial, instrumento que a través de un acuerdo entre cámaras empresarias y sindicatos, facilita la registración en actividades agrarias o forestales de gran estacionalidad.

Otra innovación de la norma, es la realización de un Régimen Especial y Permanente de Contribuciones a la Seguridad Social para Microempresas de menores niveles de productividad y competitividad. Esto es válido para las empresas que tienen hasta cinco trabajadores, que no son sociedades anónimas y tienen un cierto nivel de facturación anual. Estas tendrán una reducción en las contribuciones patronales y un límite en las cuotas que pueden cobrar las ART en este sector.

Por último, se aclaró que la situación "no" afectará ningún derecho laboral de los trabajadores.