El Gobierno publicó en el Boletín Oficial el decreto que crea un fideicomiso para “fomentar el crecimiento de la producción y la rentabilidad de trigo” mediante el certificado Cepaga. La presidenta Cristina Fernández dispuso constituir un fondo para la transferencia a los productores sobre lo recaudado por los derechos de exportación de trigo y sus derivados.

La iniciativa entra en vigencia hoy y se extenderá hasta el 2015, “pudiendo prorrogarse dicho plazo, sin que en ningún caso se supere el máximo de 30 años”.

El control sobre el dinero del fideicomiso estará a cargo de la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara), la Cámara Argentina de Productores y Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), la cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA), la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA) y la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM). Se estima un costo fiscal de quinientos o seiscientos millones de dólares, pero desde el Gobierno valoran que así el dinero volverá, a través de las cooperativas, a los pequeños y medianos productores, en vez de quedar en manos de las compañías exportadoras, los pooles de siembra y los grandes terratenientes.

Por Continental, el presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, responsabilizó al Gobierno por la falta de rentabilidad del sector y consideró “falsos” sus argumentos para tomar la medida. En Magdalena Tempranísimo, adjudicó la baja en la zona sembrada de trigo a “la intervención del Gobierno”, que, “al quitarle rentabilidad, los productores dejamos de sembrar”.

Para Etchevehere, lo que ha hecho el Gobierno es "darle a cooperativas amigas el manejo de cientos de millones de dólares", lo cual, insinuó, "tiene mucho mal olor".