El Gobierno promulgó la modificación del Régimen General de Sanciones por Infracciones Laborales. Es con el fin de combatir las prácticas abusivas del sector empleador urbano y rural. Las multas alcanzarán hasta el 2.000 por ciento del salario mínimo. También se promulgó la Ley de Promoción del Trabajo Registrado y Prevención del Fraude Laboral y se creó un Registro de Empleadores Infractores.

Actualmente, se estima que entre el 33 y el 35 por ciento de los trabajadores en relación de dependencia figuran en negro, con la pérdida de beneficios jubilatorios y familiares que esto supone. Casi la mitad de los jubilados de la actualidad tuvo que aprovechar una moratoria para obtener el pago de esos haberes, ya que no cumplían con los años de aportes por haber sido empleados casi toda su vida en negro.