La promulgación de la Ley 26.855, sancionada el 8 de mayo, dispone, entre otras medidas, la ampliación del número de miembros del organismo y establece la elección por voto popular de los representantes de abogados, jueces y académicos.

La decisión disparó una serie de acciones judiciales para declarar la inconstitucionalidad de dicha ley. Según publica el diario La Nación, fueron presentados ayer al menos 16 amparos.

Apenas abrieron sus puertas los tribunales de la Ciudad, el titular del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, presentó dos recursos de amparo para solicitar una medida cautelar que frene la elección. Las medidas, que fueron solicitadas en carácter personal y no en representación de la entidad, recayeron en el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 5, a cargo de María Alejandra Biotti; y en el fuero electoral.

La magistrada ya había rechazado un pedido similar del Colegio de Abogados, por lo que se prevé que Rizzo presente una recusación en su contra.

Más tarde, otra presentación fue realizada por el titular de la Unión Cívica Radical (UCR), Mario Barletta, ante la jueza con competencia electoral de la Capital Federal, María Servini de Cubría, quien recibió 8 escritos en contra de la nueva norma.

Elisa Carrió y Fernando “Pino” Solanas, que anunciaron una alianza para las legislativas de octubre, presentaron también un amparo y reclamaron una cautelar para que se suspenda la ley de elección de integtrantes del Consejo de la Magistratura.

"Nos encontramos legitimados para interponer esta acción de amparo colectivo en beneficio de todo el grupo de ciudadanos electores”, dijeron Carrió y Solanas al argumentar su pedido.

En igual sentido, el presidente de la Asociación de Magistrados, Luis María Cabral, pidió una medida cautelar contra la norma. El ex presidente del Consejo de la Magistratura también consideró que la inconstitucionalidad de la medida "se va a resolver muy rápidamente" porque, sostuvo, "es una cuestión de puro derecho" y "no requiere otra prueba que leer la Constitución".

Cabral explicó que la asociación que preside considera "que es bueno acercar la Justicia a la gente", pero afirmó "que de modo alguno la vía de la inconstitucionalidad es el camino".

A esos pedidos se sumó el de la Asamblea Permanente en Defensa de la Constitución, que presentó una acción de amparo ante la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal, exigiendo la declaración de inconstitucionalidad de las leyes 26.855 (forma de selección de los miembros del Consejo de la Magistratura) y 26.584, que reforma el régimen de medidas cautelares contra el Estado. La causa fue sorteada en el Juzgado 9 de dicho fuero que conduce la jueza Emilia García.

Lo mismo hicieron los líderes del Frente Amplio Progresista (FAP) al pedir en la Justicia que se declare la "inconstitucionalidad" de la reforma del Consejo de la Magistratura. El socialista Hermes Binner confió en que el reclamo tendrá una resolución "favorable".

El recurso que cuestiona la legalidad de la Ley 26.855 fue presentado en el juzgado federal con competencia electoral de la Capital por Binner, Margarita Stolbizer (GEN); Víctor de Gennaro (Unidad Popular); Humberto Tumini (Libres del Sur) y Luis Juez (Frente Cívico Córdoba).

Por último, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) anunció también la presentación de una acción de amparo contra la ley de reforma del Consejo de la Magistratura. Bajo el lema "sin respeto a la constitución no hay justicia, ni libertad, ni paz social", la entidad que reúne a los colegios públicos de abogados de todo el país reiteró que la norma "vulnera la Constitución Nacional".

En total, hubo al menos 6 presentaciones en el fuero contencioso administrativo. Una de ellas fue elevada por la agrupación Será Justicia, con la firma de abogados Guillermo Lipera y Máximo Fonrouge. El escrito, que solicita una cautelar "urgente" y declaración de inconstitucionalidad, quedó en el tribunal que conduce Liliana Heiland.

Una solicitud similar fue presentada también en la justicia contencioso administrativa por un grupo de camaristas de diferentes fueros. La acción es parte de la estrategia defensiva de los jueces. Al igual que en el planteo electoral de la Asociación de Magistrados, patrocinan esta presentación García Lema y Paixao.

Por último, el abogado Ricardo Monner Sans planteó de manera directa a la Suprema Corte que sentencie la inconstitucionales del nuevo órgano de selección de jueces. Su presentación se dio en el marco de otra causa iniciada contra la anterior ley del Consejo de la Magistratura, de 2006, cuyo expediente se encuentra en el máximo tribunal y sobre el cual "no ha habido sentencia".