Reapareció el riesgo de un paro de choferes colectivos en el área metropolitana. Sucede luego de la suspensión de una audiencia entre las cámaras empresariales y el sindicato UTA para discutir sobre la suba de tarifas y el reparto de subsidios. Se espera reanudar las conversaciones el próximo martes 21.

La misma disputa de salarios y subsidios se repite mensualmente. Un acuerdo salarial se alcanzó a fines de abril entre la UTA y las cámaras empresariales, evitando un paro inminente. La disputa era de $250.000, que UTA consideraba como reconocida y homologada, pero las cámaras lo veían como un pago único no remunerativo. Sin embargo, se llegó a un acuerdo, desactivando la amenaza de huelga. Parte del acuerdo fue que las empresas pagarían dos cuotas de $250.000 en mayo y junio.

El sindicato, liderado por Roberto Fernández, espera reconozcan un salario mensual básico de al menos $987.000 para más de 50.000 choferes. Esto marcaría un aumento del 83% en marzo frente a diciembre, superando la inflación por 32 puntos. Pero la Secretaría de Transporte solo autoriza a las empresas a pagar $737.000 o hacerse cargo de la diferencia.

Luciano Fusaro, vicepresidente de la AAETA, insinúa que el conflicto con UTA puede resolverse con subsidios o el aumento de tarifas. También menciona que el acuerdo previo fue para evitar un paro y continuar las negociaciones.

Luis Caputo, del Ministerio de Economía, se muestra reacio a otro aumento de las tarifas de colectivos por su posible impacto en la inflación. Añade que no está dispuesto a avalar un mayor gasto en subsidios al transporte, lo que podría complicar la meta de superávit fiscal. De no haber ajustes por precios, se prevé una reducción en la frecuencia de los colectivos.

Durante marzo, la reducción fue del 5% interanual, y respecto a 2015 la brecha es del 16%. Según la AAETA, el precio real de un pasaje en marzo debía ser de $1.198. Los pasajeros cubrieron con las tarifas un mínimo de $270 y el Estado, con subsidios, otros $354.

La diferencia de $574 fue asumida por las empresas, que ajustan frecuencias y unidades, prorrogan la renovación de vehículos y disminuyen la seguridad del servicio, perdiendo cerca de $93.000 millones mensuales.