Ambas cámaras del Congreso declararon este miércoles de “gravedad institucional” el fallo del juez de Nueva York, Thomas Griesa, en iniciativas aprobadas horas antes de que se conociera la suspensión de ese dictamen por parte de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.

Además, la resolución aprobada por el Parlamento le puso un límite al reclamo de los fondos ‘buitre’, bonistas que no entraron en el canje de 2005 y 2010.

De esta manera, se rechazó el fallo de Griesa, que obligaba a la Argentina a pagar 1.330 millones de dólares a los bonistas que quedaron fuera del canje.

El proyecto autoriza a los presidentes del Senado, Amado Boudou, y de Diputados, Jualián Domínguez, a “interponer ante la Corte Suprema de Justicia una acción declarativa de certeza con el objetivo de que el máximo tribunal disponga que los tenedores de bonos aún no reestructurados no reciban mejores condiciones que los términos del canje 2010”.

El presidente del bloque oficialista del Senado, Miguel Ángel Pichetto, sostuvo que la intención es “unificar una decisión para que los tres poderes acompañen esta política de Estado que tiene que ver con el desendeudamiento de la Argentina”.

Pichetto recordó que “solamente ha quedado un siete por ciento de los acreedores que siguen litigando y el fallo de Griesa coloca al país en una situación extremadamente compleja, que puede afectar al canje”.

Sólo el oficialismo votó a favor, porque los senadores de la oposición habilitaron el tratamiento del proyecto pero no lo votaron por considerar que la estrategia actual del gobierno respecto del reclamo de los fondos ‘buitre’ es ‘equivocada’.

En esa línea se expresaron legisladores como Ernesto Sanz, de la UCR, o Adolfo Rodríguez Saá, del Peronismo Federal y Rubén Giustiniani, del FAP, quien criticó la negativa de sucesivos gobiernos de negarse a investigar la legalidad de la deuda externa y reclamó la creación de una comisión investigadora sobre el tema. Aseguró, también, que su bloque apoyaba el debate, pero se iban a abstener en la votación.