Trece acusados, entre los que están el ex presidente Carlos Menem, su secretario de inteligencia Hugo Anzorreguy y el juez federal destituido Juan José Galeano, comenzarán a ser juzgados por una serie de maniobras ilícitas a partir de la cuales se desvió la investigación del atentado a la mutual israelita AMIA, perpetrado hace 21 años. a la mutual israelita AMIA, perpetrado hace 21 años.

La sala AMIA de los tribunales federales de Retiro, construida especialmente para albergar al primer juicio que debió ser anulado en 2004 por las irregularidades, volverá a ser sede de las audiencias del Tribunal Oral Federal 2, que ahora ventilará los delitos cometidos tras la orden del entonces presidente de no investigar la “pista Siria”.

Los familiares de las 85 víctimas fatales integran tres de las seis querellas y han manifestado sus expectativas de que el juicio arroje datos sobre el atentado criminal, aún impune, y que concluya con los responsables de fraguar y ocultar pruebas presos.

Otras dos querellas representan al Estado nacional, a través del Ministerio de Justicia, y a los cuatro policías bonaerenses que fueron imputados falsamente y permanecieron presos durante 8 años antes de ser liberados.

La sexta querella está en cabeza de las entidades judías DAIA y AMIA, con la particularidad de que su máxima autoridad de entonces, el banquero Rubén Beraja, es uno de los acusados por conocer y respaldar las irregularidades.

Como acusadores también intervendrán los fiscales UFI AMIA, Sabrina Namer y Roberto Salum, acompañados por el coordinador Juan Patricio Murray, nombrados al frente de la Unidad Fiscal AMIA en reemplazo del fallecido Alberto Nisman.

En el juicio oral y público se ventilarán dos hechos puntuales: por un lado la decisión de abandonar deliberadamente la investigación de la denominada "pista Siria" y por otro el pago ilegal de 400 mil dólares al reducidor de autos Carlos Telleldín para que brindara una declaración falsa en sede judicial.

El abandono de la pista Siria está vinculado a la orden de Menem de desviar la investigación que pesaba sobre del empresario Alberto Kanoore Edul, que el día del atentado y otros previos, mantuvo conversaciones con el agregado cultural iraní Moshen Rabbani, sospechado de organizar la operación criminal.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el entonces presidente dio la orden de cancelar la recolección de pruebas en ese sentido luego de que el padre del sospechado, un empresario homónimo de origen sirio libanés oriundo del mismo pueblo que la familia presidencial, se reunió la Casa de Gobierno con un Munir, un hermano fallecido de Menem.

Por otra parte se acusará a los responsables de la maniobra que incluyó el pago de 400 mil dólares a Telleldín, el hombre que entregó la Trafic usada en el atentado según el expediente judicial, para qué inculpara a los policías con el objetivo de que el gobierno de turno pudiera exhibir un éxito en el segundo aniversario del atentado.

Se estima que el juicio durará más de un año y está programado que sean citados a declarar unos 140 testigos, entre los que se encuentra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Luego de que se excusaran una decena de magistrados, el TOF 2 quedó integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel.

Hasta fin de año la dinámica del juicio será de sólo una audiencia semanal, los jueves, dado que Gorini integra también el Tribunal Oral que intervienen en el juicio por la tragedia de Once. Luego se prevé que se establezca los martes como segundo día de audiencias.